Luis Pérez está agotado. Tiene las manos cubiertas por unos guantes gastados y a su lado descansa la pala con la que remueve los escombros que sepultaron a su familia tras el desplome del edificio OPP27 de la Gran Misión Vivienda, en la urbanización Caribe, estado Vargas, el lugar de la zona cero tras los terremotos del 24 de junio pasado.
A los 18 años de edad, este joven panadero busca a contrarreloj a su primo, Jesús Serrada, de 22 años, quien se dedicaba a la música; así como también a la novia de este, Antonieta Brito, y a Alessia, la primera hija de la pareja, una bebé de apenas dos días de nacida que quedó atrapada con ellos.
Ya van ocho días de esfuerzo implacable. Luis, otro de sus primos y varios familiares han pasado jornadas enteras echando pico y pala para dar con sus seres queridos. Entre las ruinas no se escuchan señales de auxilio; y la certeza de que ya no están con vida se ha instalado en el grupo. Sin embargo, se aferran a la única esperanza que les queda: recuperar los cuerpos para darles un último adiós digno.
Luis llegó al complejo OPP la mañana del 25 de junio, cuando en el lugar solo reinaban el caos y la desesperación. Tras una búsqueda incansable, la tarde de este 2 de julio su familia logró llegar, por fin, a lo que quedaba del apartamento de los Serrada.
“Encontramos sus pertenencias, su cartera, sus documentos y su teléfono, pero todavía no hemos visto sus cuerpos”, relató el joven.
Luis expone que la desigualdad se ha vuelto un problema palpable incluso entre las ruinas. Para quienes lo perdieron todo, pagar el alquiler de maquinaria pesada que agilice la remoción de escombros y permita recuperar los cadáveres es una odisea inaccesible. En el sector privado, el costo por día oscila entre los 500 y 900 dólares, dependiendo del tipo de máquina. Mientras tanto, los equipos destinados por el Estado para atender la catástrofe no han prestado ayuda a los vecinos de estos complejos urbanísticos creados por el propio gobierno.
“Todas estas labores de rescate las hemos hecho solos. La familia de su esposa y nosotros. Ningún efectivo ha venido a ayudarnos. Cuando voy a pedir ayuda, no dan respuesta; les pedíamos martillos eléctricos o cualquier cosa para avanzar, pero parece que trasladaban toda la maquinaria para los lugares donde hay gente de plata; a nosotros no nos prestan atención. Es como si no les importamos”, denuncia Luis.
Mientras habla, el joven señala con el dedo dos máquinas pesadas que pasan cerca del lugar: “Mira, ve, ahí van pasando esas dos máquinas y ninguna se va a parar acá, se van a los edificios privados en Tanaguarena, donde seguro viven funcionarios”, agrega con impotencia.
Esa disparidad que denuncia el joven alimenta su frustración diaria, especialmente cuando ve los equipos completamente paralizados. “Legan como a las 8 de la mañana y no los prenden. Desde que llegamos ha sido así, todas las máquinas para allá, toda la ayuda para ellos”, concluye Pérez.
Buscar entre la incertidumbre
A pocos metros de Luis Pérez, Jhonny Martínez también descansa tras horas de bajar escombros. Para él y su esposa, el tiempo se congeló el jueves por la mañana, cuando viajaron desde Caracas tras enterarse del desastre. Al llegar a Caribe, la realidad superó cualquier sospecha. Su suegra, Dioselina Domínguez, de 58 años, que vivía sola en el edificio OPP27 de la Misión Vivienda, quedó atrapada en su hogar desplomado.
“No hay maquinaria, no hay nada. Sigue la misma gente buscando a su familia. Jamás nos imaginamos que en La Guaira había pasado todo esto”, relata Jhonny, quien sube y baja la montaña de escombros todos los días. “Mi mujer no pierde la esperanza de encontrarla viva o muerta, pero encontrarla. Ella misma, con la familia, está dándole con martillos y palas para ver si logran dar con mi suegra”, dice Martínez.
A unos metros, también se encuentra Jackson Hernández, de 32 años; observa lo que quedó de la estructura donde residía, el bloque A de la Misión Vivienda OPP27.
El día del sismo estaba en Naiguatá y, al regresar, se topó con un escenario irreconocible: toda su casa había quedado destruida. Volvió a quedar damnificado, como le ocurrió durante la vaguada de 2005.
Jackson también denuncia la inacción del Estado para ayudarlos, al menos a recuperar los cuerpos de sus familiares. Él mismo tuvo que rescatar por sus propios medios los cadáveres de su sobrina, de apenas 5 años, y de la madre de la niña, Jessimar Hernández (28), expareja de su hermano.
“Nosotros mismos hemos sacado a nuestros familiares. Ellos (entes del Estado) no han hecho nada, metieron la maquinaria cuando les dio la gana. Hay gente que sigue rompiendo placas, buscan por sus propios esfuerzos”, reclama Jackson.