La orden firmada por el presidente exige a los reguladores bancarios comprobar si inmigrantes sin estatus legal están abriendo cuentas bancarias u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.
Por Fatima Hussein y Ken Sweet — The Associated Press
El presidente, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar más detenidamente el estatus migratorio de sus clientes, una nueva medida en el marco de la campaña de su Gobierno para tomar acciones enérgicas contra las personas que residen ilegalmente en el país.
La orden instruye a los reguladores bancarios y a los departamentos gubernamentales a buscar indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que los bancos esperaban, ya que informes anteriores sugerían que la Casa Blanca estaba redactando una norma que haría obligatorio recopilar información sobre la ciudadanía de los clientes.
En la orden, la Casa Blanca argumentó que los bancos se enfrentarían a riesgos crediticios si uno de sus clientes fuera deportado y los préstamos ya no pudieran ser reembolsados. La Casa Blanca afirmó que no “permitiría los riesgos para nuestro sistema financiero que supone la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y susceptible de ser expulsada”.
Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas fiables sobre el riesgo que estos clientes representan para el sistema financiero.
Un estudio realizado por el Urban Institute, de tendencia progresista, estimó que se concedieron entre 5,000 y 6,000 hipotecas a clientes con Números de Identificación Fiscal Individual (ITIN). Estos ITIN suelen ser utilizados por trabajadores indocumentados en lugar del Número de Seguro Social. El Urban Institute estimó que los bancos se mostraban muy reacios a conceder préstamos a personas con ITIN. Fannie Mae y Freddie Mac también suelen mostrarse reacios a asegurar hipotecas para prestatarios con un ITIN, lo que hace aún menos probable que los titulares de ITIN obtengan una hipoteca.
La Casa Blanca ha estado dando señales durante semanas de que planeaba algún tipo de orden ejecutiva que afectaría la forma en que los bancos manejan a sus clientes indocumentados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el mes pasado que “debería haber reglas más estrictas” para abrir cuentas bancarias.
“¿Por qué pueden los extranjeros desconocidos venir y abrir una cuenta bancaria?”, cuestionó Bessent.
Afirmando que se supone que los ejecutivos bancarios deben “conocer a su cliente”, cuestionó: “Entonces, ¿cómo conoces a tu cliente si no sabes si tiene estatus legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde?”.
En respuesta, el sector bancario había estado ejerciendo una intensa presión durante meses para impedir que la Casa Blanca emitiera un decreto ejecutivo que hubiera hecho obligatorio recabar la información sobre la ciudadanía de los clientes, argumentando que resultaría costoso y requeriría una enorme cantidad de trámites burocráticos. Dado que el decreto solo ofrece orientaciones a los bancos en lugar de una obligación, parece que estos lograron convencer a la Casa Blanca.
Defensores de los inmigrantes han señalado anteriormente que cualquier orden que obligara a los bancos a recopilar información sobre estatus migratorio probablemente provocaría que los inmigrantes indocumentados se retiraran del sistema financiero, aumentando el número de personas “sin acceso a servicios bancarios”.
La Casa Blanca ha tomado otras medidas para disuadir a los trabajadores indocumentados de utilizar el sistema financiero. El pasado noviembre, el Tesoro anunció que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su declaración y pagan impuestos y, de otro modo, cumplirían los requisitos.
Expertos en impuestos han señalado que los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, conocidos como beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) se verían muy afectados por el cambio previsto.