La administración del presidente Donald Trump solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que impida la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, al argumentar que la medida «provocaría el caos» y desconocería las órdenes emitidas anteriormente por los magistrados.
El año pasado, la Corte Suprema falló en dos oportunidades a favor de que el Gobierno pudiera poner fin al TPS de los venezolanos mientras continuaban los procedimientos judiciales.
Sin embargo, esas decisiones tenían carácter provisional. Ahora, un tribunal de menor instancia tiene previsto restablecer efectivamente el programa de protección migratoria para los venezolanos después de este viernes, a menos que los magistrados intervengan.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, advirtió que la decisión obligaría a las autoridades migratorias a liberar inmediatamente a unos 1.800 inmigrantes que permanecen detenidos y obstaculizaría los procedimientos de deportación que están en marcha.
«Dar cumplimiento, aunque sea por un momento, a la orden del tribunal de distrito en esta etapa tardía perjudicará gravemente al Gobierno, obligándolo a liberar en el país a extranjeros deportables, sin ninguna garantía de poder localizarlos nuevamente y devolverlos a los centros de detención», escribió Sauer en un documento presentado ante los magistrados.
También sostuvo que la medida generaría una «confusión masiva», debido a que miles de permisos de trabajo tendrían que activarse y desactivarse a medida que avance el litigio judicial.
El futuro del TPS
Creado en 1990, el Estatus de Protección Temporal (TPS) permite que ciudadanos extranjeros permanezcan temporalmente en Estados Unidos cuando no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
Este beneficio evita temporalmente la deportación y permite a sus beneficiarios solicitar autorización para trabajar legalmente en territorio estadounidense.
Trump ha acusado a la administración de Joe Biden de utilizar de manera indebida este programa al ampliarlo hasta incluir a ciudadanos de un total de 17 países. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha impulsado medidas para reducir su alcance, lo que ha generado numerosos procesos judiciales promovidos por beneficiarios y organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Estas agrupaciones sostienen que el Gobierno está excediendo sus atribuciones legales y cuestionan los motivos de las decisiones adoptadas por la administración republicana.
La administración Trump ha obtenido anteriormente varios fallos favorables en la Corte Suprema relacionados con esta política migratoria.
El año pasado, el máximo tribunal emitió dos decisiones provisionales que permitieron poner fin a las protecciones migratorias de los venezolanos mientras avanzaban las demandas judiciales.
Posteriormente, la Corte Suprema examinó otros litigios relacionados con el TPS para ciudadanos de Siria y Haití y determinó que, al menos, la mayoría de los argumentos presentados por las organizaciones migratorias no podían prosperar en esa instancia.
Sin embargo, estas agrupaciones continúan su batalla legal, al considerar que el tribunal dejó abierta la posibilidad de solicitar nuevas medidas de protección.
A principios de este mes, la Corte Suprema devolvió formalmente el caso de los venezolanos al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Este último emitió una orden que permitiría restablecer el estatus migratorio de los venezolanos después de este viernes.
«Es prácticamente seguro que el Gobierno prevalecerá en la apelación, y permitir que la orden judicial entre en vigor en esta etapa tardía tendrá consecuencias desastrosas», afirmó el procurador general D. John Sauer en su presentación ante la Corte Suprema.