Agustín Volcanes CNP: 15.440
El sector inmobiliario venezolano inicia una nueva etapa con la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamiento, aplicable a todas las relaciones contractuales que surjan a partir del 7 de agosto de 2026. De acuerdo con la abogada Fabiola Cestari, especialista en la materia, este estamento jurídico tiene como objetivo principal destrabar un mercado que se mantenía congelado, promoviendo la reactivación de los alquileres a través del equilibrio legal y la confianza mutua entre las partes.
Cestari destaca que la nueva legislación introduce transformaciones estructurales que devuelven la seguridad jurídica al propietario, entre las que sobresalen:
Autonomía contractual:
Las partes recuperan la libertad para fijar de mutuo acuerdo tanto el canon de arrendamiento como el tiempo de vigencia del contrato.
Pagos en divisas: Se legaliza el pago en moneda extranjera, manteniendo la opción de honrar la obligación en moneda nacional según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día del pago.
Seguridad jurídica y celeridad procesal: Se suprime la vía administrativa de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) para la resolución de conflictos.
La competencia judicial retorna a los Tribunales de Municipio y Centros de Arbitraje mediante el procedimiento breve del Código de Procedimiento Civil, lo que faculta nuevamente la ejecución de secuestros y desalojos.
Garantías y causales de desocupación: El depósito en garantía se limita a un máximo de tres meses. Asimismo, el impago de los servicios públicos se equipara al del alquiler, convirtiéndose en causal inmediata de desalojo.
Fin de la prórroga legal: Una vez expirado el término acordado en el contrato, el arrendatario tiene la obligación estricta de desocupar el inmueble.
A juicio de la especialista, este conjunto de medidas restablece el equilibrio en las relaciones arrendatarias, dinamizando la oferta de inmuebles y ofreciendo un escenario predecible y seguro para las inversiones en el país.