Cilia Adela Flores de Maduro, solicitó a una corte federal de Estados Unidos su libertad bajo fianza antes del juicio, alegando que padece varias condiciones médicas, entre ellas problemas cardíacos, según informó el periodista de Associated Press (AP),
Joshua Goodman.
Como parte de la propuesta, la empresa Guidepost Solutions, con sede en Nueva York, ofreció proporcionar seguridad armada y monitoreo las 24 horas para garantizar que Flores cumpla con las condiciones que establezca el tribunal.
La propuesta está detallada en una declaración presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por Louis J. Milione, presidente de Investigaciones Globales y Cumplimiento Regulatorio de Guidepost y exfuncionario de alto rango de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Milione señaló que Guidepost cuenta con experiencia en supervisión de fianzas y confinamiento domiciliario, y que la compañía ha trabajado bajo órdenes de tribunales federales en distintos casos.
De acuerdo con el documento, Flores permanecería en una residencia ubicada en el Distrito Sur de Nueva York, cuya dirección sería comunicada por separado al tribunal, al Gobierno y a los servicios de supervisión previa al juicio.
Guidepost realizaría una inspección de la vivienda y sus alrededores antes de establecer el dispositivo de seguridad. Posteriormente, varios de sus profesionales armados, incluidos exagentes de las fuerzas del orden, se encargarían de proteger y supervisar a Flores.
La residencia también estaría equipada con cámaras de seguridad, sensores en puertas y ventanas y alarmas. La empresa mantendría una transmisión de video en vivo y grabada de la vivienda, que sería entregada a las autoridades.
La propuesta establece además que Flores permanecería restringida a la residencia y solo podría salir cuando el tribunal lo autorice. La vigilancia sería permanente, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Milione indicó que ningún empleado de Guidepost estaría bajo la dirección o supervisión de Flores y que la empresa reportaría directamente a los servicios de supervisión previa al juicio, al Gobierno y al tribunal.