Germán Márquez Gil
29 de agosto de 2026
Los comunicados divulgados por Venezuela y Estados Unidos el 28 de agosto de 2026 parecen, a primera vista, contar historias distintas. Sin embargo, leídos conjuntamente, describen una misma operación desde dos intereses nacionales: Caracas, inversión, producción, ingresos y recuperación industrial; Washington enfatiza suministro y seguridad energética. La coincidencia central —65 mil millones de barriles— permite identificar la dimensión del entendimiento y las oportunidades que puede abrir para Venezuela.
Dos comunicados, dos intereses nacionales
Los comunicados divulgados por Venezuela y Estados Unidos el 28 de agosto de 2026 parecen, a primera vista, contar historias distintas. Sin embargo, leídos conjuntamente, describen una misma operación desde dos intereses nacionales: Caracas, inversión, producción, ingresos y recuperación industrial; Washington enfatiza suministro y seguridad energética. La coincidencia central —65 mil millones de barriles— permite identificar la dimensión del entendimiento y las oportunidades que puede abrir para Venezuela.
El comunicado venezolano presenta el acuerdo como resultado del fortalecimiento de la relación bilateral y lo vincula con inversiones destinadas a recuperar y reconstruir infraestructura estratégica para la industria de los hidrocarburos. Señala el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles, más de 100 mil millones de dólares de inversión, una proyección superior a 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado y un incremento considerable de la producción con participación de operadores privados.
El presidente Donald Trump utiliza una narrativa diferente, califica el entendimiento como un acuerdo petrolero de magnitud histórica y coloca el foco en el interés estadounidense: participación privada, acceso a más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas, incremento del suministro y posibilidad de reducir los precios de los combustibles en el largo plazo. No es necesario entender estas diferencias como una contradicción, porque cada gobierno explica el acuerdo desde su propio interés nacional.
Lo esencial es que ambos textos coinciden en los componentes estructurales: el mismo volumen de reservas, la participación de empresas privadas, la expectativa de elevar la producción y el fortalecimiento de la relación bilateral. Desde Washington, los 65 mil millones de barriles son seguridad de suministro, y desde Caracas, representan una base geológica que puede convertirse en inversión, producción, tributos, empleo y crecimiento. Las dos perspectivas pueden coexistir porque el petróleo que interesa al consumidor estadounidense debe ser producido primero en territorio venezolano.
«Control mayoritario» y la LOH de 2026
La expresión «majority U.S. control» utilizada por Trump requiere una lectura jurídica cuidadosa. No puede equipararse automáticamente con propiedad de las reservas ni con control accionario mayoritario de una empresa mixta venezolana. La Ley Orgánica de Hidrocarburos reformada en 2026 mantiene una diferencia clara entre propiedad del yacimiento, control accionario, gestión operativa, derechos contractuales y comercialización de la producción.
Cuando la actividad se desarrolla mediante una empresa mixta, la República o un ente público debe conservar una participación superior al 50 % del capital social. En esa modalidad, el control accionario mayoritario permanece en manos del Estado venezolano. La reforma, sin embargo, permite que el socio privado minoritario reciba amplias facultades técnicas, operativas y comerciales, previa autorización correspondiente. Por ello, una empresa estadounidense podría asumir responsabilidades decisivas en la gestión y comercialización sin convertirse en accionista mayoritario de la empresa mixta.
La LOH 2026 también admite contratos mediante los cuales empresas privadas pueden asumir una gestión integral de actividades primarias, a su costo, cuenta y riesgo. Aun en ese esquema, la República conserva la propiedad sobre los yacimientos. Por tanto, «control» puede aludir a gestión operacional, derechos económicos, comercialización o estructura contractual, pero no debe interpretarse sin más como transferencia de propiedad de 65 mil millones de barriles. La verdadera pregunta será qué tipo de control corresponde a cada parte y bajo cuál figura jurídica se estructurará cada uno de los 17 proyectos.
La principal ventaja venezolana: convertir reservas en producción
Venezuela posee las mayores acumulaciones de reservas de petróleo convencional probadas del mundo, pero su desafío no ha sido transformar una mayor proporción de estos recursos en capacidad productiva efectiva. En ese sentido, la cifra que puede resultar más transformadora no son solamente los 65 mil millones de barriles, sino los más de 100 mil millones de dólares de inversión anunciados.
Ese capital puede dirigirse a perforación, rehabilitación de pozos y campos, sistemas eléctricos, estaciones de flujo, oleoductos, almacenamiento, tratamiento, terminales, mejoradores y modernización de instalaciones. La ventaja es doble: aumenta la capacidad de producir en los campos contemplados y puede recuperar infraestructura compartida que beneficie otras áreas de la industria. El acuerdo, por tanto, no debería medirse únicamente por los barriles asociados a esos 17 campos, sino por su capacidad de reconstruir una plataforma industrial más amplia.
El comunicado venezolano proyecta además más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado. Esa cifra deberá evaluarse cuando se conozcan el horizonte temporal, los precios de referencia, los costos y los perfiles de producción utilizados para calcularla. Pero expresa una intención importante: que la apertura a capital privado no signifique renunciar a una participación fiscal relevante de la República en la renta generada. El acuerdo será beneficioso para la República en la medida en que la inversión se traduzca en producción, empleo, contenido nacional, transferencia tecnológica, ingresos fiscales y actividad económica.
Un aumento de producción potencialmente histórico
La escala del acuerdo permite considerar una consecuencia de gran alcance: Venezuela podría entrar en uno de los ciclos de expansión productiva más importantes de su historia reciente. Un programa que combina 17 campos, 65 mil millones de barriles probados y más de 100 mil millones de dólares de inversión difícilmente puede entenderse como un proyecto destinado a incrementos marginales de producción.
No sería responsable fijar ahora una meta concreta porque todavía deben conocerse los términos contractuales, eso traduce perfiles de producción, velocidad de ejecución de las inversiones entre otras premisas. Sin embargo, el país parte de una producción que supera actualmente 1,2 millones de barriles diarios y ha demostrado históricamente capacidad para superar ampliamente los tres millones de barriles diarios.
En este sentido, si las inversiones se ejecutan con continuidad y se recuperan servicios e infraestructura, el país podría volver progresivamente a una escala de producción de varios millones de barriles diarios.
Recordemos que durante años la prioridad fue detener la caída y recuperar capacidad. Una industria nuevamente expansiva obligaría a planificar no solo cómo producir más, sino cómo financiar proyectos, asegurar mercados, ampliar infraestructura, formar personal y maximizar el contenido nacional. Allí reside uno de los beneficios estratégicos del acuerdo: devolver a Venezuela la posibilidad de convertir su inmensa base de recursos en una capacidad real de influencia energética.
Estados Unidos obtiene suministro; Venezuela, inversión y mercado
Estados Unidos obtiene acceso a una fuente hemisférica de crudo de gran escala y geográficamente cercana. Venezuela obtiene capital, tecnología, operadores y un mercado capaz de absorber parte importante de una producción creciente. La costa estadounidense del Golfo, además, posee una larga experiencia con crudos pesados, lo que refuerza la lógica económica del intercambio.
El beneficio estadounidense no invalida el venezolano, los acuerdos más sostenibles son aquellos en los que cada parte puede identificar una ganancia compatible con su interés nacional. Para nuestro país, la recuperación del mercado estadounidense puede reducir costos logísticos, facilitar contratos de largo plazo y ampliar opciones de financiamiento. Pero la oportunidad debe utilizarse para diversificar, no para sustituir una dependencia por otra.
La inversión también puede generar efectos fuera del sector petrolero. Ingeniería, construcción, metalmecánica, transporte, manufactura, servicios petroleros, mantenimiento y formación profesional pueden beneficiarse si los proyectos incorporan proveedores y trabajadores nacionales.
Del petróleo como conflicto al petróleo como cooperación
Los dos comunicados coinciden en presentar el entendimiento como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Este elemento puede ser tan importante como los barriles. Durante años, el petróleo estuvo asociado a tensiones, incertidumbre comercial y restricciones de acceso a financiamiento, entre otras limitantes. En el nuevo escenario, el mismo recurso puede convertirse en un instrumento de cooperación y normalización económica.
Para la nación una relación más estable con Estados Unidos puede reducir percepción de riesgo, atraer nuevas empresas y facilitar servicios indispensables para recuperar la industria. Para Washington, una Venezuela productivamente más fuerte puede convertirse en una fuente relevante de suministro.
Si el éxito es grande, aparecerá la variable OPEP
La OPEP no constituye hoy el centro del acuerdo, pero puede convertirse en una consecuencia de su éxito.
La primera opción lógica sería negociar dentro de la organización una referencia que reconozca la nueva capacidad venezolana, un tratamiento transitorio o alguna fórmula compatible con la recuperación. Venezuela es, además, uno de los países fundadores de la OPEP, por lo que cualquier reconsideración de su membresía tendría un peso histórico y político excepcional.
Sin embargo, si en el futuro surgiera una incompatibilidad profunda entre una expansión productiva financiada con inversiones de decenas de miles de millones de dólares y limitaciones colectivas que obligaran a mantener cerrada una parte sustancial de esa nueva capacidad, podría abrirse un debate que hoy parece remoto.
Una misma oportunidad desde dos narrativas
Leídos juntos, los comunicados describen una ecuación sencilla: Estados Unidos necesita que Venezuela produzca más petróleo y Venezuela necesita capital, tecnología y mercados para producirlo.
El punto de encuentro está precisamente allí: el acuerdo será verdaderamente histórico si logramos transformar reservas en inversión; inversión en infraestructura; infraestructura en producción; producción en exportaciones; y exportaciones en ingresos, empleo y desarrollo nacional.
La LOH de 2026 permite, además, ampliar la participación privada sin confundirla con una transferencia de la propiedad de los recursos: en las empresas mixtas el control accionario mayoritario permanece en manos del Estado venezolano y, en las modalidades contractuales de gestión integral, la República conserva la titularidad de los yacimientos.
Si el proceso conduce también a un aumento productivo de magnitud histórica, la industria petrolera venezolana puede recuperar algo que durante años estuvo muy por debajo de la dimensión de sus reservas: capacidad efectiva para influir nuevamente en la ecuación energética mundial.
Germán José Márquez Gil
Con corazón Petrolero