A más de un mes del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, la organización Cecodap reveló que ha documentado 1.405 casos de niños, niñas y adolescentes afectados, una cifra parcial, pero que evidencia la profunda vulnerabilidad de la población infantil tras la tragedia.
De acuerdo con el informe de la ONG,entre los casos verificados se registran 437 heridos, 273 desaparecidos, 221 fallecidos, 233 desplazamientos internos, 187 rescatados, 32 separados de sus familias y 22 evacuados. Particularmente preocupantes resultan los 494 menores (35,16%) que se encuentran en las categorías más graves de fallecidos y desaparecidos. Más de la mitad de los casos con edad conocida corresponden a niños de 0 a 11 años.
Carlos Trapani, director de Cecodap, señaló que la emergencia ha transitado a una fase de recuperación, en la que se deben priorizar la reunificación familiar, el acompañamiento psicosocial y la continuidad educativa. La organización insiste en la ausencia de datos oficiales desagregados por edad y criticó la opacidad gubernamental en torno al impacto en la niñez.
Más de 900 escuelas afectadas en nueve estados
Entre la opacidad gubernamental y la ausencia de informes sobre la niñez en los discursos oficiales, Cecodap y su Agencia PANA recopilaron reportes que indican que al menos 900 escuelas en nueve estados presentan daños por los sismos.
Solo en el Distrito Capital, UNICEF reportó 432 planteles afectados. Otras afectaciones se registran en Yaracuy, La Guaira, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda, Lara y Guárico; algunos colegios incluso han sido habilitados como refugios temporales.
Cecodap ha enfatizado que el regreso a clases, previsto entre septiembre y octubre próximo, debe garantizarse en condiciones de seguridad, protección y bienestar, pues las escuelas representan hoy “un espacio clave de estabilidad y apoyo emocional para miles de niños y familias afectadas”.
La organización reiteró la necesidad de que el Estado proporcione información detallada y articule respuestas diferenciadas según edad, sexo y territorio, para mitigar los riesgos de protección que persisten en la emergencia.