La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela advirtió este miércoles que, pese a algunas mejoras observadas durante 2026, el aparato represivo del Estado venezolano, señalado por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, permanece intacto.
En su más reciente informe sobre la situación del país, marcado por la intervención estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro, los expertos reconocen ciertos avances, aunque consideran que estos no están respaldados por reformas institucionales que garanticen su permanencia.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó la presidenta de la misión, Sofía Macher.
Estructuras represivas continúan operando
El informe señala que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, mientras que los organismos de inteligencia y seguridad mantienen las mismas estructuras. Además, no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los llamados “colectivos”, considerados por la misión una fuente constante de intimidación y violencia.
Asimismo, periodistas y organizaciones de la sociedad civil continúan enfrentando restricciones en el ejercicio de sus actividades, mientras que al menos 19 funcionarios identificados previamente por la ONU como responsables de graves violaciones de derechos humanos siguen ocupando cargos clave.
Menos presos políticos, pero persisten las denuncias
Entre los aspectos positivos, la misión destacó una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, así como la liberación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos.
También observó un margen ligeramente mayor para la realización de protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones civiles.
Sin embargo, el organismo alertó que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por razones políticas, según datos recopilados por organizaciones no gubernamentales.
Denuncian torturas y tratos crueles
La misión aseguró haber documentado 64 nuevos casos de tortura y malos tratos desde el 3 de enero.
Entre las denuncias figuran casos de intubación forzada, confinamiento prolongado en cisternas subterráneas conocidas como “la máquina del tiempo” en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, así como condiciones degradantes en instalaciones militares como Fuerte Guaicaipuro.
Según el informe, algunos detenidos han sido sometidos a privación de alimentos, exposición a bajas temperaturas y reclusión en espacios similares a fosas subterráneas.
Los expertos también advirtieron que cientos de personas permanecen en condiciones de detención consideradas deplorables, situación que en algunos casos ha derivado en muertes bajo custodia por malos tratos o falta de atención médica.
Arrestos breves para intimidar
Aunque cerca de 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos registradas durante los últimos 12 meses ocurrieron antes de la captura de Maduro, la misión detectó después del 3 de enero un patrón recurrente de arrestos de corta duración dirigidos a intimidar a activistas, dirigentes opositores, periodistas y otros actores sociales.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, advirtió Macher.
ONU señala a los “colectivos” como parte del aparato represivo
La misión también presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe especial sobre los “colectivos”, en el que concluye que estos grupos armados no son organizaciones marginales, sino una “parte central del aparato represivo estatal”.
Según el documento, su fortalecimiento durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro respondió a una estrategia política destinada a consolidar bases de apoyo mediante mecanismos de presión, coacción y violencia.
El informe sostiene además que existen vínculos comprobados entre estos grupos y organismos del Estado, incluyendo la incorporación de miembros de colectivos a la Policía Nacional Bolivariana y la participación de militares y funcionarios de seguridad, activos o retirados, dentro de estas organizaciones.