Eleanor Mueller Reportera de la Casa Blanca, Semafor 3 de septiembre de 2026, 4:53 a. m. EDTEl Pentágono Carlos Barria/Reuters
El Congreso ya había comunicado a la Oficina de Capital Estratégico (Office of Strategic Capital) del Pentágono que carece de autoridad legal para adquirir participaciones accionarias en empresas privadas, según informó a Semafor una persona familiarizada con el proceso.
Esto ocurrió cuando el Congreso rechazó aprobar propuestas legislativas presentadas por el Pentágono en los últimos años que habrían otorgado a esa oficina la autoridad legal para adquirir participaciones accionarias, indicó la fuente.
La oficina, creada en 2022 para otorgar y garantizar préstamos destinados a que empresas privadas desarrollen tecnologías críticas, quedó bajo escrutinio esta semana después de que la administración Trump la utilizara para adquirir una participación accionaria en la segunda mayor empresa petrolera de Venezuela.
Los legisladores han solicitado a la administración Trump que informe al Congreso sobre los detalles del acuerdo, según reportó previamente Semafor, en medio de un escepticismo bipartidista respecto a la operación.
Ni el Pentágono ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios.
Análisis político
El Congreso de Estados Unidos ha tomado un papel fiscalizador activo frente al reciente pacto energético. El Congreso notificó al Pentágono que carece de autoridad legal para adquirir participaciones en empresas privadas, rechazando que la Oficina de Capital Estratégico tome el 35% de las acciones de la petrolera NABEP (North American Blue Energy Partners). Los legisladores exigen que la Administración Trump informe detalladamente al Capitolio sobre las bases legales y los términos financieros de esta operación.
A continuación se detallan los puntos clave de la controversia y del acuerdo:
El conflicto en el Capitolio
Freno al Pentágono: Legisladores de ambos partidos advirtieron que la Oficina de Capital Estratégico (creada en 2022 para garantizar préstamos tecnológicos) no tiene el aval legislativo necesario para convertirse en accionista corporativa de una firma petrolera privada.
Exigencia de transparencia: El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y los sectores demócratas han criticado la opacidad del contrato, demandando la revisión de la «letra pequeña» ante los tribunales y comités correspondientes.
Respaldo geopolítico condicionado: Aunque existe rechazo al control accionario directo por parte del gobierno, el Comité de Asuntos Exteriores ve con buenos ojos el trasfondo estratégico de desplazar la influencia de Rusia y China en el suministro de crudo de la región.
Detalles del acuerdo petrolero con Venezuela
El presidente Donald Trump anunció el pacto el 28 de agosto de 2026 como «el mayor acuerdo petrolero de la historia». El acuerdo fue gestionado por los secretarios Marco Rubio (Estado) y Pete Hegseth (Defensa) junto con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Reservas bajo control: Otorga concesiones a largo plazo sobre 17 yacimientos estratégicos que suman 65.000 millones de barriles de crudo (aproximadamente una quinta parte de las reservas totales de Venezuela).
Duración de la concesión: Existe una discrepancia pública; mientras el gobierno de Venezuela habla de una prioridad de 25 años, Washington insiste en que las concesiones durarán 100 años.
Petróleo a precio de costo: Estados Unidos se garantiza el acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo, crudo que se destinará directamente a rellenar las Reservas Estratégicas de Petróleo de EE. UU. (SPR) y al abastecimiento militar.
Inversión proyectada: Se estima una inyección de capital privado de hasta 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana.