La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 24 de abril de 2026 que la amnistía aprobada en febrero “llega a su fin”, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones no gubernamentales.
El anuncio se produce apenas dos meses después de la sanción de la Ley de Amnistía, el 19 de febrero, un instrumento que no contemplaba fecha de caducidad y que, según ONG, deja aún a 473 personas consideradas presos políticos sin beneficio.
Rodríguez no ofreció detalles sobre el alcance de la medida ni explicó en qué consiste el “fin” de la ley. Indicó, sin embargo, que los casos “que estaban excluidos expresamente” podrán ser atendidos en otros espacios institucionales, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal.
Diversas organizaciones reaccionaron de inmediato. La ONG Provea calificó la decisión como “una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”.
En la misma línea, Acceso a la Justicia señaló que la normativa “no establece una fecha de vencimiento”, por lo que considera que sigue vigente, “aunque el Ejecutivo haya decidido que ya no lo está”.
La organización explicó además que la ley solo puede ser derogada “mediante otra ley de igual rango” aprobada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, advirtió que “la intromisión del Ejecutivo nacional […] viola los principios constitucionales de separación de poderes”.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio como un “atropello al Estado de derecho” y alertó que declarar concluida la ley representa un “acto de inseguridad jurídica” que deja a las víctimas en “absoluta vulnerabilidad”.
“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, añadió la organización.
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Arreaza informó previamente que 8.616 personas habían sido beneficiadas por la amnistía, de las cuales 314 estaban privadas de libertad. También indicó que se recibieron más de 12.000 solicitudes válidas y que el proceso continuaba recibiendo peticiones.
Hasta la fecha, las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de los beneficiarios, pese a solicitudes de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas ONG venezolanas