Este miércoles continúa el juicio en el Palacio de Justicia de Caracas contra el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, junto a otros funcionarios públicos y empresarios privados acusados de cometer hechos de corrupción en la industria petrolera venezolana, agrupados por el Ministerio Público en el expediente denominado Pdvsa-Cripto.
La primera sesión del proceso se llevó a cabo el lunes por la noche ante el Tribunal 3° de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción a nivel nacional, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.
El primero en tomar la palabra fue el fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, quien ratificó que los acusados integraban “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos y niveles de autoridad, ejecutaron operaciones petroleras paralelas mediante la asignación de cargas de crudo por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”.
Según la acusación, las divisas generadas por esas ventas no ingresaron al país, sino que fueron desviadas a través de criptoactivos y negocios manejados por al menos 74 sociedades mercantiles. El fiscal solicitó que se declare culpables a los acusados y se les impongan las penas correspondientes.
Además de El Aissami, entre los imputados figuran el exdiputado Hugbel Roa, el coronel José Antonio Pérez Suárez, el exjefe de la Sunacrip Joselit Ramírez, y otros altos funcionarios vinculados a Pdvsa.
Este grupo forma parte de un total de 61 procesados detenidos entre marzo y junio de 2023, cuando inició la Operación Anticorrupción. Posteriormente, el 9 de abril de 2024, El Aissami fue detenido junto a otros implicados en la trama.
El tribunal acordó continuar el juicio este miércoles.
De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía, el desfalco a Pdvsa asciende a más de 5.550 millones de dólares. Esta trama, conocida como Pdvsa-Cripto, es una de las cinco grandes investigaciones abiertas por el Ministerio Público, junto a otros casos de corrupción en el Poder Judicial, industrias básicas, alcaldías y empresas del Estado.