Veinticuatro organizaciones no gubernamentales advirtieron que la reforma de la Ley contra el Odio “no ofrece una respuesta integral a las víctimas”, no contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.
Por el contrario, las ONG afirmaron que la reforma de la ley “mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, según un comunicado firmado por varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humamos, como Provea y Espacio Público.
Además, subrayaron que la reforma de la ley contiene “conceptos imprecisos”, como el “hostigamiento”, que se define en función del “temor, angustia o zozobra” que cause una conducta, reporta la agencia EFE.
“Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público”, apuntaron.
Por tanto, las organizaciones reiteraron que se derogue esta ley, que consideraron como un instrumento que, desde su origen, “impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso”.
Este pronunciamiento se da un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma, tal y como solicitó en septiembre la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La norma también pretende “fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación eliminando expresamente la revocación de concesiones”, así como “prevenir los mensajes de odio en redes sociales, sancionando con multas a quienes incumplan esto” y “exhortando además a todas las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz con responsabilidad”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes 3 de noviembre la propuesta de reforma parcial de la «Ley contra el Odio», sancionada en primera discusión por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. A través de un pronunciamiento institucional, la organización gremial advirtió que el proyecto legislativo preserva herramientas destinadas a restringir la libertad de expresión,censurar publicaciones y habilitar la persecución administrativa de comunicadores y ciudadanos.
Uno de los principales focos de alarma señalados por el SNTP es la permanencia de categorías imprecisas sobre qué constituye discurso de odio, hostigamiento o discriminación. El gremio subrayó el riesgo de que nociones subjetivas como «temor, angustia o zozobra» continúen utilizándose como fundamento para abrir expedientes sancionadores contra la labor informativa.
«La investigación periodística, la denuncia de corrupción y la crítica reiterada a funcionarios pueden generar incomodidad o rechazo público,pero esas consecuencias no constituyen por sí mismas una infracción», recalcó el sindicato,desestimando que el escrutinio público a las instituciones estatales deba equipararse con actos de violencia.
Asimismo, el gremio alertó sobre la disposición que permitiría ordenar la eliminación inmediata de contenidos y publicaciones sin necesidad de contar con una orden judicial previa, vulnerando el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La reforma -que debe superar una segunda discusión para ser aprobada por el Legislativo- busca “eliminar las penas de prisión sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma”, dijo entonces el primer vicepresidente del Parlamento, el chavista Pedro Infante.
La ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’ fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.
Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de esta norma, según datos difundidos en septiembre pasado por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
EFE