martes, septiembre 8, 2026
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Damnificados por los terremotos denuncian lentitud y falta de organización en las inspecciones

por Redacción web
  • Más de un mes llevan esperando algunos residentes de Playa Grande por una segunda inspección técnica que determine el estado real de sus edificios.
  • Los terremotos ocurrieron el 24 de junio de 2026 en la región centro-norte de Venezuela.
  • La evaluación inicial utiliza el “método del semáforo”:
    • 🟢 Verde: inmueble habitable.
    • 🟡 Amarillo: daños parciales.
    • 🔴 Rojo: alto riesgo o no habitable.
  • Una de las afectadas, Mariuska Delgado (48 años), denunció que su edificio recibió etiqueta roja y aún espera la revisión definitiva.
  • Cristina Palmieri (59 años) afirmó que no han podido iniciar trabajos de apuntalamiento por falta del informe final.

💰 Costos de las inspecciones privadas

  • Visita de un ingeniero patólogo: hasta 400 dólares.
  • Estudios técnicos más profundos: entre 5.000 y 15.000 dólares.
  • En un caso reportado, solicitaron hasta 75.000 dólares por evaluaciones especializadas.

🏢 Problemas denunciados

  • Falta de coordinación y comunicación con las juntas de condominio.
  • Errores en las inspecciones y registros oficiales.
  • Alteración de datos de inmuebles, incluyendo dirección y coordenadas GPS.
  • Incremento de robos y deterioro de edificios desalojados.

⚠️ Cuestionamientos a las autoridades

  • El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) aseguró que ofreció apoyo mediante una plataforma digital y brigadas de inspección, pero denunció que no se le permitió actuar en La Guaira.
  • Un delegado del CIV afirmó que existe “hermetismo” para evitar que la información pueda utilizarse para establecer responsabilidades por el colapso de edificaciones.
  • Según el gremio, la comisión presidencial creada para atender la emergencia “se reunió una sola vez” desde su instalación.

🔎 Situación actual

  • Los afectados aseguran que ya se acercan a tres meses de incertidumbre sin conocer si sus edificios serán recuperados o demolidos.
  • Muchas familias permanecen viviendo temporalmente en casas de familiares mientras esperan una decisión oficial.
  • La falta de una inspección definitiva también genera dudas sobre el acceso a los créditos hipotecarios anunciados por el gobierno.

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