En una entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio, el director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, anunció que, tras sostener una reunión directa con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y la ministra del Poder Popular para el Transporte, Yacali Faría, el Ejecutivo nacional aprobó de forma oficial anclar las tarifas del transporte urbano al dólar oficial.
La medida entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2026 y establecerá un pasaje base equivalente a 0,25 centavos de dólar ($0,25) para las rutas urbanas (municipales). Según explicó el dirigente gremial de manera pedagógica, la tarifa en bolívares se calculará utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al primer día de cada mes, permaneciendo «congelada» o fija durante los 30 días siguientes para evitar discusiones continuas.
«Ahorita, el primero de junio, el dólar va a estar a una tasa ‘equis’. Nosotros calculamos que, en ese momento, los 0,25 centavos de dólar van a dar aproximadamente 140 bolívares. Esos 140 bolívares van a durar estables hasta el primero de julio, cuando se vuelva a actualizar con la nueva tasa del BCV. Es un sistema similar al que ya se aplica con éxito en los peajes viales», detalló Mora.
El pacto ante una devaluación imprevista y el fin del subsidio
Ante la interrogante de los periodistas sobre qué sucedería si a mitad de mes ocurre una depreciación brusca de la moneda nacional, Mora aclaró que el gremio asumirá el costo temporal en cumplimiento de las reglas pactadas:
«Seguimos anclados a la tarifa fijada a principio de mes porque eso es un acuerdo que debemos respetar ambas partes. Si llegara a suceder un evento de esa naturaleza, esperamos los diez, doce o quince días que hagan falta hasta el próximo primero de mes».
El vocero transportista reveló que en las mesas técnicas plantearon formalmente la eliminación total del subsidio al combustible, argumentando que el sector actualmente apenas recibe entre el 30% y el 40% del volumen de gasolina y diésel que publica PDVSA, debido a que el resto es consumido por vehículos institucionales, gobernaciones, alcaldías y cuerpos de seguridad.
Para evitar traspasar este costo operativo directo a la tarifa del usuario común, los gremios propusieron sustituir el subsidio a la gasolina por la asignación directa de un «bono de transporte» a través del Sistema Patria, dirigido exclusivamente a los sectores vulnerables: estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y la masa trabajadora. Según Mora, el Ejecutivo ya se encuentra estudiando esta compensación económica.
El debate sobre el bolsillo: «El mito de que la gente no tiene con qué pagar»
Uno de los momentos más álgidos del debate radial ocurrió cuando los moderadores cuestionaron si los ciudadanos tendrían la capacidad real de costear el pasaje indexado, tomando en cuenta que los salarios no se encuentran dolarizados.
Mora fue enfático al señalar que la falta de poder adquisitivo es un «mito» que ya ha sido desmontado en otros sectores de la economía nacional durante los últimos dos años:
«En Venezuela ha habido varios mitos. Había un mito de que si se liberaba el precio de la harina precocida la gente no iba a comer arepa más nunca. Hace dos años y medio alguien inteligente liberó el precio alrededor de un dólar con quince centavos, tiene dos años en ese precio y hoy hay siete u ocho marcas compitiendo. Otro mito era que si subía el combustible el país se acababa; hoy la gente paga la gasolina internacional a 0,50 centavos de dólar indexado al día y el país no se incendió».
Para sostener su tesis, el representante de las empresas de transporte citó los datos de la Oficina Nacional de Estadística, afirmando que «casi el 50% de la masa laboral venezolana se encuentra en la economía informal con ingresos totalmente dolarizados, sumado a un 25% que pertenece al sector privado, que también está dolarizado».
Descentralización: Las alcaldías deben asumir sus variables
Finalmente, Fernando Mora recordó que, bajo la Ley Orgánica del Régimen Municipal, la competencia legal de regular y estabilizar las tarifas es de los alcaldes y no del poder central. Denunció que es un error aplicar una tarifa plana nacional, puesto que las realidades operativas cambian según la geografía.