Fue publicada este lunes en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 7.025, con fecha 22 de mayo de 2026, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que devuelve al máximo tribunal la composición tradicional de 32 magistrados.
El texto legal fue promulgado por el Ejecutivo el pasado viernes, misma fecha de la gaceta, y genera modificaciones clave en el funcionamiento, estructura y competencias del TSJ.
El cambio más visible de la reforma es la ampliación del número de magistrados, que pasa de 20 a 32 integrantes en la Sala Plena, con el paso de tres a cinco magistrados en cada sala.
Esta reforma revierte la reducción de vacantes que se había aprobado en años anteriores. Bajo el nuevo esquema, la Sala Constitucional incrementa su composición a siete magistrados, mientras que las cinco salas restantes (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) contarán ahora con cinco jueces cada una.
Los defensores de la reforma dentro del Parlamento argumentan que la medida es una respuesta directa a la necesidad de combatir el retardo procesal.
La tesis oficial sostiene que un mayor volumen de magistrados permitirá agilizar el despacho de expedientes acumulados, una promesa que además se busca apuntalar con la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar el sistema de justicia.
Sin embargo, analistas y expertos interpretan esta ampliación no como una simple reforma administrativa, sino como un movimiento estratégico de cara al nuevo ciclo político del país.
El incremento de sillas en el TSJ abre la puerta a una redistribución de cuotas de poder y a la incorporación de perfiles vinculados a diversos sectores de la oposición o a dar mayorías al chavismo, dependiendo de la selección de los nuevos magistrados.
Con la entrada en vigencia de la ley, el foco de atención se traslada ahora a la Asamblea Nacional, donde el Comité de Postulaciones Judiciales quedó activado desde el pasado martes, 19 de mayo, para iniciar el proceso de selección y evaluación de los candidatos que ocuparán las nuevas vacantes y las plazas dejadas por jubilaciones y renuncias recientes.
El trabajo del comité abre un período de intensas negociaciones en el Legislativo para definir los nombres que conducirán la justicia venezolana en los próximos años.