Un juez federal le prohibió a la Administración del presidente, Donald Trump, llevar a cabo deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 –que busca acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes– que invocó horas antes asegurando que Estados Unidos está siendo “invadido por la pandilla venezolana”.
James E. Boasberg, juez principal del Circuito de D.C., ya había dicho que realizaría una audiencia para determinar el alcance de su fallo emitido más temprano, que impedía la deportación de cinco venezolanos bajo la legislación. Este sábado por la noche el magistrado emitió una orden que va más allá y bloquea temporalmente la orden firmada por el presidente Trump.
“Cualquier avión con estas personas que esté a punto de despegar, o ya esté en el aire, necesita regresar inmediatamente”, escribió el juez.
La invocación publicada más temprano en la página web de la Casa Blanca otorga al presidente una amplia autoridad en tiempos de guerra y le da un mayor margen de maniobra en materia de políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas, lo que podría impulsar a una velocidad mayor su prometida ofensiva contra la inmigración.
“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a TdA”, dice la declaración de Trump. “El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país”, agrega.
La ley de Enemigos Extranjeros, nacida tras la Guerra de Independencia para luchar contra espionaje y sabotajes británicos, y usada por primera vez en la Guerra de 1812, se puede invocar en casos de “guerra declarada”, invasión o “incursión predatoria” en territorio estadounidense.
El presidente podría activar esa ley unilateralmente, sin pasar por el Congreso, en los dos últimos casos, pero su aplicación en el marco de la política migratoria y para tramitar deportaciones no tiene precedentes en la historia del país, ya que la jurisprudencia la reserva en respuesta a actos de bandos beligerantes.
Algunos grupos y políticos conservadores “ven la ley de Enemigos Extranjeros como una autoridad supercargada para deportar, pero la lectura que proponen de la ley está en contradicción con siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”, según escribió en un análisis Katherine Yon Ebright, experta del Brennan Center./Noticias Telemundo