sábado, febrero 21, 2026
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Trump Furioso impone arancel global del 10% tras fallo de la Corte Suprema

por Redacción web

La decisión ejecutiva se fundamenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, luego de que el máximo tribunal invalidara el uso de poderes de emergencia para fines tributarios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la implementación de un arancel global general del 10 % sobre las importaciones. La medida fue comunicada horas después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegales los fundamentos de los gravámenes que la Administración había impuesto previamente bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).

Para sostener la política arancelaria, el mandatario informó que el Ejecutivo utilizará la Sección 122 de la Ley de Comercio. Esta normativa otorga al presidente la facultad de establecer aranceles de hasta el 15 % por un periodo de 150 días en situaciones de desequilibrio en la balanza de pagos, sin requerir la aprobación inmediata del Congreso.

La decisión de la Casa Blanca representa un choque directo con el Poder Judicial. Este viernes, la Corte Suprema invalidó los aranceles destinados a combatir el tráfico de drogas y los denominados «aranceles recíprocos», al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades legales.

El presidente de la Corte, John Roberts, fue enfático al señalar que la Constitución otorga exclusivamente al Congreso el «acceso a los bolsillos del pueblo» mediante la recaudación de impuestos. Sin embargo, Trump calificó la sentencia como “profundamente decepcionante” y acusó a los magistrados de estar influenciados por intereses extranjeros. “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra. Francamente, son una vergüenza para nuestro país”, mencionó el mandatario.

Para la Administración Trump, los aranceles son vistos como la mejor herramienta para proteger la industria local, aunque analistas advierten sobre el impacto en los precios globales y la estabilidad de los mercados. Según el magnate, EE.UU. ha recaudado cerca de 600.000 millones de dólares bajo este concepto, fondos que considera vitales para que el país no quede «indefenso financieramente».

Trump confirmó que mantendrá vigentes todos los aranceles de seguridad nacional (Sección 232), además continuará con los aranceles de la Sección 301 (usados previamente contra China) y iniciará nuevas investigaciones por «prácticas desleales» que podrían derivar en tarifas adicionales.

Tras el fallo de la Corte, la devolución de unos 150.000 millones de dólares recaudados ilegalmente en el último año queda en la incertidumbre. El presidente adelantó que no habrá reembolsos automáticos: “Supongo que esa devolución tendrá que ser litigada en los tribunales”, advirtió, obligando a los importadores a iniciar largos procesos judiciales para recuperar su dinero.

Con este movimiento, Washington no solo tensa la cuerda con sus socios comerciales internacionales, sino que desata una crisis institucional interna al ignorar los límites constitucionales impuestos por su propio sistema judicial.

Desde su llegada al poder, el Ejecutivo estadounidense utiliza los aranceles como herramienta de presión política para condicionar la política exterior de terceros países. Bajo la premisa de «soberanía industrial», Washington escaló gravámenes desde el acero en 2018 hasta imponer tasas generales que hoy afectan sectores estratégicos como el automotriz, tecnológico y agrícola.

Este proteccionismo se intensificó el último año con «aranceles recíprocos» de hasta el 25 % contra socios como México, Canadá y China. Justificadas como medidas de seguridad nacional, estas políticas buscan forzar la relocalización de empresas en EE. UU., aunque han generado un alza de costos para pequeñas empresas que dependen de insumos importados.

Al apelar a la Sección 122, la Casa Blanca busca blindar su agenda frente al fallo de la Corte Suprema que anuló sus facultades tributarias. Con esta maniobra técnica, el Gobierno intenta evitar el reembolso de 150.000 millones de dólares recaudados ilegalmente y garantizar que su política de «guerra comercial» continúe operando mediante prórrogas administrativas.

Fuente: Página 12

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