El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario de Interior, Doug Burgum, tienen previsto mantener este viernes la primera reunión oficial con las petroleras para explicarles su plan de vuelta al mercado de Venezuela. El presidente ya mostró ayer su intención de levantar los embargos existentes para las petroleras que operaban en el país.
En este encuentro, aunque no se han desvelado los asistentes, se espera que participen altos cargos de las compañías que ya operaban en el país como Chevron, Repsol o Reliance así como aquellas que lo hicieron en el pasado Exxon Mobil, ConocoPhilips y aquellas que pretenden jugar un papel en esta zona en el futuro como Vitol o Trafigura.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó en Miami que mantiene un «diálogo activo» tanto con representantes venezolanos como con «las compañías de petróleo y gas que estaban allí antes» con el objetivo de concretar «las condiciones que harán que el capital fluya» de vuelta hacia el país.
El mensaje, lanzado en un foro del sector organizado por Goldman Sachs en Miami, apunta a un eventual retorno de grandes inversiones privadas, pero supeditado a un rediseño del marco operativo y financiero bajo supervisión de Washington.
En su intervención, Wright vinculó esa interlocución con una estrategia más amplia: permitir que el crudo venezolano vuelva a colocarse en el mercado —incluidas refinerías estadounidenses—, pero con las ventas ejecutadas por el Gobierno de EE. UU. y los ingresos depositados en cuentas controladas por las autoridades estadounidenses. Según explicó, ese control del flujo de caja funcionaría como palanca para impulsar cambios en Venezuela y, a la vez, crear un entorno en el que las compañías puedan plantearse inversiones con visibilidad y protección.
Aunque el secretario no detalló cuáles serían esas «condiciones» exigibles, Wright está hablando con compañías estadounidenses para conocer qué requisitos permitirían su entrada y su participación en una eventual rehabilitación del sector. En ese mismo marco, la Administración contempla que parte de los ingresos, una vez estabilizada la economía venezolana, puedan destinarse a compensar a empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips por pérdidas derivadas de las nacionalizaciones de la era Chávez, una cuestión clave para medir el apetito inversor y el riesgo político percibido. Estas mismas indemnizaciones podrían ampliarse a otras empresas como Repsol o Eni, así como a parte de las 1.300 que fueron expropiadas.
El giro se produce mientras Washington anuncia un acuerdo inicial para exportar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles —hasta unos 2.000 millones de dólares— y mientras la Casa Blanca prepara contactos de alto nivel con la industria.