Wilber Garcés, el migrante venezolano de 28 años herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, fue trasladado desde el Centro de Procesamiento de Pearsall hacia un centro médico. La medida se tomó después de que su equipo de defensa denunciara que el joven fue agredido por guardias del penal tras ofrecer declaraciones telefónicas durante una rueda de prensa, lo que le habría provocado la pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo.
En paralelo a la emergencia médica, un juez federal emitió una orden para frenar de manera inmediata su proceso de deportación, disponiendo que el ciudadano venezolano permanecería en el país para comparar en una audiencia programada para el próximo 30 de septiembre.
Garcés, quien reside en Estados Unidos desde 2024 tras ingresar legalmente mediante la aplicación CBP One y contaba con permiso de trabajo, fue interceptado por agentes federales mientras realizaba entregas para la plataforma DoorDash.
Según el testimonio ofrecido por el propio afectado, los funcionarios de ICE colisionaron contra su vehículo y le dispararon en la espalda cuando intentaba estacionarse. A pesar de sufrir una fractura de clavícula y mantener el proyectil alojado cerca de la médula espinal, el joven recibió la alta médica apenas unas horas después de ingresar al centro asistencial en Austin. De allí fue trasladado directamente a la instalación de detención en Pearsall, sin someterse a la cirugía requerida ni recibir tratamiento para el dolor.
Denuncias de represalias y freno judicial
Fabiana Meléndez, portavoz del bufete de abogados que representa a Garcés, detalló que los guardias del penal arremetieron contra el joven como respuesta a su intervención pública: «Le pusieron una cadena en la cintura, lo esposaron a una silla y se lo llevaron a un centro médico», afirmó.
Por su parte, el congresista demócrata por Texas, Greg Casar, calificó como un «paso positivo» el traslado hospitalario y exigió investigaciones exhaustivas sobre la actuación de ICE. Asimismo, el juez federal Orlando L. García dictó la medida cautelar que paraliza su expulsión del territorio estadounidense, garantizando así su comparecencia en el proceso judicial en curso.
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