Yadira Peña, secretaria general del Sindicato de Empleados de la Gobernación del Estado Mérida (Suepgomer), exigió una explicación por las inconsistencias detectadas en los pagos correspondientes a abril. Las declaraciones de la representante sindical evidencian la preocupación y el malestar de los trabajadores ante lo que consideran un incumplimiento parcial de sus beneficios laborales.
Según Peña, la principal irregularidad se observó en el pago del bono de alimentación, donde los empleados recibieron un monto de 33 dólares, quedando un saldo pendiente de 7 dólares por trabajador.
Asimismo, la secretaria general del sindicato denunció que aquellos empleados que cobraron sus vacaciones solo percibieron el 65% de su bono vacacional, generando un déficit significativo en sus ingresos en un periodo que debería representar un alivio económico.
En sus declaraciones, Yadira Peña también abordó la situación de los jubilados de la gobernación, haciendo un llamado urgente a que se asuma el pago de las prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 y 2021.
Un punto crítico en las declaraciones de la representante sindical fue el impacto de la constante devaluación del bolívar en el poder adquisitivo de los empleados públicos. Peña señaló que esta situación erosiona significativamente sus ingresos, dificultando la cobertura de las necesidades básicas.
En este contexto, calificó como insuficiente el reciente incremento del bono de guerra económica en 30 dólares. «Este aumento es irrisorio, ya que resulta inferior al costo del pasaje del transporte público», aseveró Yadira Peña, evidenciando la desconexión entre las medidas económicas implementadas y la realidad del costo de vida para los trabajadores en Mérida.
Ante esta situación, el sindicato de empleados de la gobernación del estado Mérida exige a las autoridades competentes una pronta respuesta y la corrección de las inconsistencias en los pagos realizados. Asimismo, reiteran la urgencia de abordar el tema de las prestaciones sociales de los jubilados y de implementar medidas económicas que realmente mitiguen el impacto de la devaluación en el salario de los trabajadores públicos.
Leonardo Rodríguez Dugarte / Compás Informativo