20 de septiembre de 2024 – La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, encabezada por Marta Valiñas, presentó su quinto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunciando el agravamiento de la crisis en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024.
Valiñas subrayó que «el riesgo de desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto», tras la proclamación de la victoria del presidente Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral el 28 de julio, sin que se presentaran evidencias claras de la legitimidad de los resultados. Desde entonces, la represión y la persecución política han aumentado, según el informe.
Persecución política y detenciones arbitrarias
Entre las cifras expuestas por la Misión, destacan las detenciones de 48 personas vinculadas a la oposición entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, lo que representa un promedio de tres detenciones semanales. Se señalaron casos emblemáticos como la detención de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel y las órdenes de captura contra cinco miembros del partido Vente Venezuela, quienes desde marzo se refugian en la embajada de Argentina en Caracas.
Además, el informe documenta la detención de 121 personas entre el 4 y el 25 de julio de 2024, muchas de ellas relacionadas con la campaña opositora. Valiñas denunció que muchas de estas detenciones fueron seguidas de actos de tortura y desapariciones forzadas de corta duración, lo que calificó como una «expresión violenta de los innumerables obstáculos a la acción política legítima de la oposición».
Violaciones de derechos humanos y represión estatal
El informe también destaca la muerte de 25 personas durante las protestas poselectorales los días 29 y 30 de julio, de las cuales 24 fueron causadas por disparos de armas de fuego. Aunque no se ha determinado la autoría exacta, Valiñas afirmó que en muchos de estos incidentes participaron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acompañados por civiles armados afines al gobierno.
La Misión reiteró que estos hechos forman parte de un plan preconcebido por el Estado para reprimir y silenciar a la oposición política y las voces críticas al gobierno de Maduro. «Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente», insistió Valiñas, subrayando que constituyen crímenes de lesa humanidad por persecución con motivos políticos.
Tortura, tratos crueles y violencia sexual
En su presentación, la Misión denunció torturas, tratos crueles e inhumanos, y violencia sexual por género en el contexto de las detenciones poselectorales. Valiñas señaló que entre las más de 2.000 detenciones reportadas, se encontraban 158 adolescentes, quienes fueron acusados de terrorismo e incitación al odio, violando gravemente los estándares internacionales de protección a la niñez.
Ante estas graves violaciones de derechos humanos, Valiñas concluyó que la población venezolana, especialmente las víctimas, se encuentra desamparada por la ausencia de un Estado de derecho funcional en el país, y pidió a la comunidad internacional no desviar la mirada de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela./EFE