Washington, D.C. — En una decisión dividida de 5-4, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó este lunes la orden de una corte inferior que bloqueaba la deportación de cinco ciudadanos venezolanos, presuntos miembros de bandas criminales, permitiendo al gobierno del expresidente Donald Trump reanudar su expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Según la opinión de la mayoría conservadora, la administración Trump tiene “probabilidades de prevalecer sobre el fondo del caso” presentado en el distrito de Columbia. “Los detenidos están recluidos en Texas, por lo tanto, el lugar (venue) es inapropiado en el Distrito de Columbia”, señala el fallo.
La Corte también determinó que toda persona sujeta a deportación bajo esta ley debe recibir una notificación “en un plazo razonable y de una manera que les permita buscar efectivamente una audiencia judicial en el lugar adecuado antes de que ocurra la remoción”.
“El fallo de hoy confirma que los detenidos sujetos a órdenes de remoción bajo la AEA tienen derecho a ser notificados y a desafiar su expulsión. La única cuestión es qué tribunal resolverá ese desafío”, indica la resolución.
El juez jefe del tribunal de distrito de DC, James Boasberg, había bloqueado previamente el uso de esta ley, rara vez invocada desde la Segunda Guerra Mundial, extendiendo una orden temporal hasta al menos el 12 de abril. El gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 28 de marzo, luego de que un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazara suspender la orden.
Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado con el objetivo de deportar rápidamente a supuestos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua hacia el centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador, conocido como CECOT.
En una reacción en su red Truth Social, Trump celebró el fallo: “La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestra Nación al permitir que un Presidente, quien sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y al país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”
Los tres jueces liberales de la Corte Suprema disintieron, cuestionando el aparente intento de la administración Trump de evadir la orden de Boasberg deportando a los detenidos antes de la audiencia judicial. La jueza Sonia Sotomayor criticó duramente a la mayoría: “El tribunal no debe recompensar los esfuerzos del Gobierno por socavar el Estado de derecho”. Añadió que Trump no cumplió con el requisito legal de emitir una proclamación pública al invocar la Ley.
La jueza Amy Coney Barrett, nominada por Trump, se unió a partes de la disidencia.