Washington, 3 de julio de 2025 — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves al gobierno del expresidente Donald Trump a deportar a un grupo de migrantes con antecedentes penales detenidos en una base naval estadounidense en Yibuti, despejando el camino para su traslado a Sudán del Sur, pese a que no es su país de origen.
El fallo aclara que una orden judicial anterior, que exigía notificar con anticipación a los migrantes sobre su destino y ofrecer la oportunidad de presentar reclamos por temor a tortura o persecución, ya no es aplicable.
La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la decisión asegurando que “estos delincuentes estarán en Sudán del Sur antes del Día de la Independencia”, y calificó el fallo como “una victoria para el Estado de derecho”.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi acusó a la justicia federal de entorpecer la política migratoria del expresidente y elogió la labor del Departamento de Justicia en redes sociales, afirmando que Trump continuará ejerciendo su autoridad para expulsar “criminales violentos ilegales”.
El grupo afectado —ocho migrantes originarios de América Latina y Asia— fue condenado por delitos graves en EE.UU. y se encuentra detenido en Yibuti desde hace semanas, tras una orden judicial que impidió su rápida expulsión sin evaluación de sus temores de persecución en el país receptor. Sudán del Sur, país receptor en este caso, ha sido calificado por el Departamento de Estado como altamente peligroso debido a su inestabilidad política y violencia generalizada.
El juez federal Brian Murphy había ordenado en mayo que se realizaran entrevistas de “miedo creíble” antes de cualquier traslado, tras considerar que la administración violó su decisión previa al intentar deportarlos con menos de 24 horas de aviso. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó el uso de dicha orden para frenar las deportaciones.
La decisión del alto tribunal —apoyada por la mayoría conservadora— fue criticada por las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor advirtió que el gobierno busca enviar ilegalmente a los migrantes a un país donde podrían enfrentar tortura o muerte, sin respetar sus derechos básicos.
La administración Trump argumentó que Sudán del Sur ofreció garantías diplomáticas de que los migrantes no serían torturados. Además, acusó al juez Murphy de “desafío ilegal” que afecta relaciones diplomáticas sensibles y pone en riesgo al personal estadounidense en la base africana.
Organizaciones defensoras de derechos migratorios sostienen que la orden de mayo sigue vigente y representa la única protección legal de los detenidos frente a una deportación que consideran arbitraria y peligrosa.
La controversia se desarrolla en el expediente de emergencias de la Corte Suprema, donde no se escuchan argumentos orales y muchas decisiones carecen de explicación pública. El gobierno de Trump ha recurrido repetidamente a esta vía para avanzar con su agenda migratoria, incluyendo deportaciones a terceros países./Fuente CBSnews