La administración desafió la orden judicial. Además busco intencionadamente despegar los vuelos antes de que se emitiera el fallo judicial, lo que sugiere que actuaron con la intención de evitar su cumplimento.
Fuente: ABC News
La administración del expresidente Donald Trump tomó la decisión de ignorar una orden judicial que exigía el regreso de dos vuelos con cientos de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes consultadas por ABC News.
El juez principal del Tribunal del Distrito de Washington D.C., James Boasberg, ordenó verbalmente que cualquier avión que ya hubiese salido del país debía regresar a Estados Unidos si aún estaba en el aire.
“Deben informar de esto a sus clientes de inmediato. Cualquier avión que contenga a estas personas y que esté a punto de despegar o ya en el aire debe regresar a Estados Unidos”, declaró Boasberg durante una audiencia el sábado. “Sea como sea que esto se logre, regresando el avión o evitando que alguien más embarque. Esto es algo que deben asegurar que se cumpla de inmediato”.
Boasberg determinó que las deportaciones causarían un daño irreparable y bloqueó temporalmente a la administración Trump de expulsar a “todos los no ciudadanos sujetos a la proclamación de la AEA” durante al menos 14 días, emitiendo una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés). Durante este período, mientras el litigio avanza en los tribunales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debía mantener bajo custodia a los no ciudadanos afectados.
La administración Trump desafía la orden
No obstante, altos funcionarios y abogados de la administración determinaron que la orden de Boasberg no aplicaba, ya que los vuelos se encontraban en aguas internacionales en el momento de la orden. Según fuentes citadas por ABC News, la administración argumentó que los aviones debían aterrizar por “razones operativas” y de “seguridad nacional”.
Las fuentes también indicaron que el gobierno tenía la intención de hacer despegar los aviones y sacarlos del espacio aéreo estadounidense antes de que el juez pudiera emitir su fallo.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó el domingo que la administración hubiera desobedecido la orden judicial.
“La orden fue emitida después de que los presuntos pandilleros ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense”, afirmó Leavitt en un comunicado. “La orden escrita y las acciones de la administración no están en conflicto”.
Leavitt también argumentó que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre la conducción de asuntos exteriores por parte del presidente ni sobre sus poderes bajo el Acta de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) para expulsar a terroristas extranjeros y repeler una “invasión declarada”.
La Casa Blanca solicita la anulación de la orden
El mismo domingo, la administración Trump solicitó a la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. que suspendiera el fallo de Boasberg. En un documento de emergencia, el Departamento de Justicia calificó la orden judicial como “sin precedentes” y sostuvo que el juez carecía de jurisdicción para imponer la TRO.
“Este tribunal debe detener esta intrusión sin precedentes en la autoridad del Ejecutivo para expulsar a personas que han sido identificadas como miembros de Tren de Aragua, un grupo que el presidente y el secretario de Estado han declarado una amenaza para la seguridad nacional”, argumentó un abogado del Departamento de Justicia.
El presidente Trump había firmado el sábado una proclamación en la que declaraba que la pandilla Tren de Aragua estaba “conduciendo una guerra irregular” contra Estados Unidos, lo que justificaba su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. ordenó que los abogados de los demandantes en el caso presentaran una respuesta antes del martes a las 5 p.m.
