Washington D.C., 24 de abril de 2025 — La administración del expresidente Donald Trump ha reconocido haber deportado a cuatro ciudadanos venezolanos a El Salvador, a pesar de una orden judicial vigente que prohibía la remoción de migrantes a terceros países sin el debido proceso.
La decisión ha generado fuertes críticas tras revelarse en documentos judiciales que la deportación fue realizada el 31 de marzo desde la Estación Naval de Guantánamo a través del Departamento de Defensa. Esta acción ocurrió solo tres días después de que el juez federal Brian Murphy emitiera una orden que exige dar a los migrantes la oportunidad de expresar preocupaciones sobre su seguridad antes de ser trasladados a un país que no es su lugar de origen.
Los cuatro deportados fueron identificados por autoridades estadounidenses como presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Según una declaración jurada de la funcionaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tracey Huettl, los individuos poseen antecedentes penales graves, incluyendo delitos como tráfico de personas, agresión doméstica, y posesión de objetos relacionados con drogas.
Ninguno de ellos tenía orden de deportación a El Salvador, país que recibió a los migrantes en medio de estrictas medidas de seguridad. Fotografías recientes muestran a los presuntos pandilleros siendo escoltados por autoridades penitenciarias salvadoreñas tras su arribo.
El juez Murphy ha convocado una audiencia para el próximo 28 de abril con el fin de evaluar posibles violaciones a su orden judicial, y el pasado viernes emitió una orden preliminar que refuerza la obligación de brindar garantías procesales antes de cualquier deportación a terceros países.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la ACLU, han expresado su preocupación por la aparente estrategia de la administración Trump de eludir responsabilidades legales utilizando a otras agencias gubernamentales./CBSnews