Fuente: Noticias Telemundo – 10 de abril de 2025
Una jueza federal de distrito, Indira Talwani, anunció este jueves que emitirá una suspensión para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al programa de ‘parole’ humanitario que ha beneficiado a más de 530,000 inmigrantes, entre ellos cientos de miles de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Este programa permitió a ciudadanos de esos países ingresar legalmente a Estados Unidos con patrocinadores financieros, recibiendo permisos temporales de dos años para vivir y trabajar en el país. El fin del ‘parole’ estaba previsto para el 24 de abril, fecha en la que, de no mediar una suspensión judicial, todos los beneficiarios perderían su estatus legal y quedarían sujetos a deportación inmediata.
La jueza Talwani indicó que su decisión se enmarca en un esfuerzo legal más amplio por proteger a ciudadanos provenientes de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran legalmente en EE. UU. bajo figuras similares de protección temporal.
Según reporta Noticias Telemundo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que los migrantes con ‘parole’ humanitario, incluidos los venezolanos, perderán su estatus legal si no se detiene la orden ejecutiva.
Durante el tiempo de su estadía legal, los beneficiarios del programa necesitaban encontrar otras vías para regularizar su situación migratoria de manera permanente. Muchos de ellos aún no han podido acceder a una alternativa legal, lo que los deja en riesgo de expulsión.
Los venezolanos, en particular, han sido uno de los grupos más numerosos acogidos bajo el programa CHNV. Muchos de ellos huyeron de la crisis económica y política en su país, y encontraron en este mecanismo una vía segura para reencontrarse con familiares y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.
La decisión de revocar el programa generó reacciones aisladas en el Congreso. La representante María Elvira Salazar, cubanoamericana por Miami, se unió esta semana a unos 200 legisladores demócratas para copatrocinar un proyecto de ley que ofrecería residencia permanente legal a los beneficiarios, con énfasis en la comunidad venezolana, considerada una de las más vulnerables.
Los demandantes en el proceso calificaron la decisión del gobierno como “sin precedentes” y señalaron que va en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo, al tiempo que viola derechos fundamentales de miles de familias que llegaron legalmente bajo el programa CHNV.
Mientras tanto, la Administración Trump sostiene que la decisión está dentro del marco legal y que el ‘parole’ es, por definición, temporal, por lo que no genera derechos a largo plazo.