Un juez en California bloqueó el lunes que la administración Trump use la ley Alien Enemies Act para deportar a migrantes venezolanos en el área de Los Ángeles, al determinar que el gobierno no ha garantizado el debido proceso adecuado.
La orden del juez federal John Holcomb —nombrado por el presidente Trump en 2019— limita la práctica controversial del gobierno de deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua bajo una ley de 1798 que permite deportaciones durante una “invasión” o “incursión predatoria” en Estados Unidos.
Holcomb dictó una medida preliminar que aplica a la mayoría de migrantes bajo custodia en el Distrito Central de California, que incluye Los Ángeles, el Condado de Orange y áreas cercanas. El juez ya había emitido una orden temporal de restricción el mes pasado.
El caso llegó a Holcomb tras la petición de un hombre venezolano, Darwin Antonio Arevalo Millan, quien solicitó asilo pero fue arrestado durante un control programado de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y detenido, en parte, debido a sus tatuajes. Holcomb concluyó que Arevalo “aún enfrenta una amenaza inminente de deportación” bajo la orden de Trump que invoca la ley.
El juez afirmó que Arevalo “busca evitar ser deportado como enemigo extranjero sin que se le dé la oportunidad de impugnar esa designación, no para evitar la deportación en su totalidad.”
A diferencia de otros jueces federales, Holcomb consideró poco probable que Arevalo demuestre que la administración Trump invocó ilegalmente la Alien Enemies Act, y agregó que “depende del presidente, no del sistema judicial, decidir si ha ocurrido una invasión o incursión predatoria bajo la ley.”
La administración Trump defiende que las deportaciones son legales y necesarias para combatir la violencia pandillera, aunque críticos denuncian que se han removido personas sin un debido proceso adecuado.
El fallo de Holcomb se suma a un panorama legal complejo, con tribunales en al menos cinco estados que han emitido decisiones contradictorias sobre la ley. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la legalidad del uso de esta ley por parte de la administración, pero ha señalado que el gobierno debe dar a las personas la oportunidad de impugnar su deportación.
El juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, escribió recientemente que “las circunstancias requieren una resolución pronta y final, que probablemente solo pueda ser proporcionada por esta Corte.”/ABCnews