Washington, 16 de abril de 2025 (CBS News en español) — Un juez federal de EE. UU. determinó que existe causa probable para considerar en desacato penal a la administración del expresidente Donald Trump, por desobedecer una orden judicial que prohibía la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador.
El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Columbia, escribió en una decisión de 46 páginas que las acciones del gobierno el pasado 15 de marzo demostraron un “desprecio deliberado” hacia su orden que impedía las transferencias de migrantes venezolanos bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma poco usada desde 1798.
“La Constitución no tolera la desobediencia deliberada de órdenes judiciales —especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió Boasberg.
El juez había prohibido la deportación de los migrantes por 14 días e instruyó verbalmente que se detuvieran los vuelos y se regresaran a EE. UU. Sin embargo, los aviones aterrizaron en El Salvador, y la mayoría de los migrantes fueron transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Boasberg también criticó lo que calificó como “obstruccionismo creciente” por parte del gobierno de Trump, por negarse a responder preguntas clave sobre el destino de los migrantes afectados.
“No han ofrecido razones convincentes para evitar la conclusión obvia: que desobedecieron deliberadamente la orden escrita de esta corte, así como su mandato oral”, sostuvo el juez.
La Casa Blanca, a través de su director de comunicaciones, Steven Cheung, indicó que recurrirán de inmediato ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., y defendieron la política de deportación bajo el argumento de proteger a los estadounidenses de “terroristas y criminales ilegales”.
El juez Boasberg señaló que el gobierno aún puede remediar la situación antes de que inicien los procedimientos formales por desacato penal, asumiendo la custodia de los migrantes deportados para que puedan ejercer su derecho a impugnar su deportación mediante un recurso de habeas corpus.
La Corte Suprema se pronunció recientemente sobre el caso, permitiendo que continúen las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros solo si se respeta el debido proceso. También determinó que las impugnaciones deben presentarse en el distrito donde los migrantes estén detenidos, en este caso, Texas, y no en Washington D.C.
Además, Boasberg rechazó los intentos del gobierno de Trump de invocar el privilegio de secretos de Estado, al considerar que la información requerida —fechas, número de pasajeros y custodia— no constituye un secreto de seguridad nacional.
Finalmente, el juez advirtió que si el Departamento de Justicia se niega a presentar cargos penales por desacato, nombrará un fiscal independiente para hacerlo.