Un grupo de 18 fiscales generales estatales en Estados Unidos expresó su apoyo a la demanda presentada contra la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
Los representantes de estos estados presentaron un «Amicus Curiae» ante la corte, argumentando a favor de la continuidad del programa. California y Nueva York, junto con Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia, respaldaron la demanda mediante esta figura legal.
El documento fue introducido en el tribunal de California que lleva el caso en contra de la decisión adoptada por la administración de Donald Trump, que dejó sin efecto el TPS para ciudadanos de Venezuela.
La acción legal contra la medida fue presentada el 20 de febrero por la Alianza Nacional TPS (NTPSA) y otras organizaciones de derechos de los inmigrantes en California. En su argumento, los demandantes señalan que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, tomó decisiones ilegales poco después de asumir el cargo.
“Tres días después de su confirmación, ‘anuló’ una extensión de las protecciones del TPS para los venezolanos que residen en los Estados Unidos, apenas unas semanas después de que la extensión se publicara debidamente en el Registro Federal”, sostiene el documento judicial.
Nueva demanda en Boston contra la revocatoria del TPS para venezolanos y haitianos
A esta demanda se sumó otra el pasado 3 de marzo, presentada en el tribunal federal de distrito de Boston por Lawyers for Civil Rights en representación de tres organizaciones de inmigrantes y cuatro personas afectadas. La acción busca bloquear la revocatoria del TPS para haitianos y venezolanos, considerando que la medida carece de fundamentos.
Mirian Albert, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, afirmó que la eliminación del TPS para estas comunidades responde a razones discriminatorias y no a condiciones objetivas. “La decisión de socavar el TPS para Haití y Venezuela está impulsada por prejuicios raciales y no tiene base en las realidades que enfrentan estas comunidades. La Constitución prohíbe las acciones del gobierno basadas en la animadversión racial”, sostuvo.
Bajo la administración de Joe Biden, el TPS fue otorgado por primera vez a los venezolanos y extendido para los haitianos debido a la crisis humanitaria en ambos países. Sin embargo, la decisión de anular esa protección afectaría a unos 600.000 ciudadanos de Venezuela, quienes perderían su derecho a vivir y trabajar legalmente en EE. UU./vpti