- El presidente prometió a las empresas acceso al petróleo venezolano y reembolsar los costes de su reconstrucción
- Los legisladores temen que grandes intereses corporativos hayan dictado la política exterior y militar del país
- La Casa Blanca vinculó la intervención con los intereses energéticos y prometió controlar las ventas del crudo
El Senado de Estados Unidos ha iniciado una investigación formal para esclarecer las comunicaciones entre importantes compañías petroleras y la Administración del presidente Donald Trump en el contexto de la reciente operación militar estadounidense en Venezuela y los planes derivados para explotar los recursos energéticos del país sudamericano. La pesquisa, impulsada por el senador Sheldon Whitehouse (D-RI), miembro de mayor rango del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, junto con otros senadores de alto perfil, busca acceder a documentos y comunicaciones que permitan determinar qué sabían las empresas antes de la acción militar y si influyeron en la formulación de la política exterior de Washington.
Los senadores demandan información y comunicaciones de las principales petroleras y empresas de servicios petroleros, entre ellas BP America, Baker Hughes, Chevron, Citgo, ConocoPhillips, Continental Resources, ExxonMobil, Halliburton, SLB, Shell USA y Weatherford International. Entre los puntos de interés figuran el conocimiento que estas firmas tenían sobre la operación, las conversaciones mantenidas con altos funcionarios gubernamentales antes y después del ataque, y los planes de inversión en la industria petrolera venezolana tras la intervención.
La acción legislativa se produce en un contexto de fuerte controversia política. La Administración Trump ha vinculado explícitamente su intervención en Venezuela con los intereses de la industria energética estadounidense. Según documentos oficiales y reportes de prensa, altos mandos del Ejecutivo informaron a las petroleras días antes de las incursiones y mantuvieron reuniones posteriores para discutir su papel en la reapertura de la producción petrolera venezolana.
Además de la comunicación previa, el presidente Trump declaró horas después de la operación que las compañías «tendrían una presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo» y que se encargarían de «poner a fluir el crudo». El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, señaló posteriormente que Estados Unidos mantendría el control de las ventas de petróleo venezolano«de forma indefinida», y el propio Trump ha sugerido que el gobierno federal podría reembolsar a las empresas los costos de reconstrucción de la infraestructura energética.
Los senadores demócratas expresan su inquietud por la posibilidad de que la política exterior y militar de Estados Unidos se haya visto influida por grandes intereses corporativos sin un adecuado nivel de supervisión y transparencia. «Las declaraciones del presidente justificando la operación en términos de acceso a recursos energéticos extranjeros y beneficios para la industria petrolera, junto con el reporte de un compromiso repetido entre el gobierno y las empresas, y la sugerencia de que los contribuyentes podrían costear la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela, plantean serias preocupaciones sobre cómo la Administración Trump se relacionó con las petroleras antes de su decisión de usar la fuerza militar», señalan en su carta.
Los legisladores exigen que las compañías proporcionen los documentos solicitados antes del 21 de enero de 2026, una fecha que coincide con un momento de intensas tensiones políticas en Washington sobre el alcance de los poderes ejecutivos en materia de política exterior y recursos estratégicos. Esta investigación se suma a otras iniciativas legislativas recientes que buscan limitar la capacidad del presidente para emprender acciones militares sin la aprobación del Congreso, en respuesta a la operación en Venezuela que ha generado amplio debate tanto dentro como fuera de Estados Unidos.