Fuente: NPR (Jaclyn Diaz y Juliana Kim) – 30 de junio de 2025
Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha anunciado que dará máxima prioridad a los casos para revocar la ciudadanía de inmigrantes que obtuvieron la nacionalidad estadounidense y luego fueron condenados por ciertos delitos graves.
La medida, establecida en un memorando oficial publicado el 11 de junio, instruye a los abogados del gobierno federal a priorizar los procesos de desnaturalización, es decir, quitar la ciudadanía a quienes mintieron durante su proceso de naturalización o cometieron crímenes antes o después de convertirse en ciudadanos.
¿A quiénes afectará esta medida?
Esta nueva política está dirigida a ciudadanos naturalizados, es decir, personas que nacieron fuera de Estados Unidos pero que obtuvieron la ciudadanía por medio del proceso legal de inmigración. Según datos oficiales, hay alrededor de 25 millones de ciudadanos naturalizados en el país.
El enfoque estará principalmente en quienes hayan cometido delitos relacionados con:
• Seguridad nacional
• Fraude contra el gobierno (como fraude en programas de ayuda federal, Medicare o préstamos por COVID-19)
• Abuso infantil u otros crímenes graves
• Mentiras u omisiones durante el proceso de naturalización
El memorando también amplía la autoridad de los fiscales federales para decidir en qué otros casos podrían aplicar la desnaturalización, dejando margen para perseguir otras situaciones que consideren relevantes.
Primer caso: revocan ciudadanía a un veterano militar
Uno de los primeros casos conocidos bajo esta nueva política es el de Elliott Duke, un veterano del ejército estadounidense nacido en el Reino Unido. Duke fue condenado por distribuir material de abuso sexual infantil y se descubrió que lo hacía incluso antes de naturalizarse en 2013. Un juez federal ordenó retirarle la ciudadanía el pasado 13 de junio.
Actualmente, Duke se encuentra en prisión y sin nacionalidad, ya que también renunció a su ciudadanía británica al convertirse en ciudadano estadounidense. El caso ha generado fuertes críticas por las implicaciones legales y humanitarias.
Críticas de expertos legales y organizaciones de derechos
Diversos expertos en inmigración y derechos humanos han mostrado serias preocupaciones. Una de las principales críticas es que los procesos de desnaturalización son civiles, no penales. Esto significa que:
• Los acusados no tienen derecho a un abogado gratuito
• El gobierno necesita menos pruebas para quitar la ciudadanía
• El proceso puede ser más rápido y menos justo
La profesora de derecho Cassandra Robertson advierte que esta práctica puede violar el debido proceso constitucional y crear un precedente peligroso.
Steve Lubet, otro académico en derecho, teme que se afecte también a los hijos de padres naturalizados, quienes podrían perder su ciudadanía si esta les fue otorgada por herencia legal.
Por su parte, el abogado Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, defendió la medida diciendo que es necesario retirar la ciudadanía a personas que cometieron delitos graves:
“Convertirse en ciudadano estadounidense es un privilegio. Si alguien lo consigue mintiendo o cometiendo crímenes graves, debe perderlo”.
Riesgos de crear “ciudadanos de segunda clase”
Organizaciones como el Immigrant Legal Resource Center advierten que esta política puede dividir a la ciudadanía estadounidense en dos clases: los nacidos en EE. UU. que están seguros, y los naturalizados que podrían perder su estatus en cualquier momento.
Laura Bingham, directora del Instituto de Derecho e Innovación Tecnológica de la Universidad de Temple, dijo:
“La ciudadanía no puede ser algo que el gobierno revise o retire según el caso. Esto sienta un precedente muy peligroso.”
Resumen: ¿Qué está haciendo el gobierno?
• Está priorizando casos de desnaturalización de ciudadanos naturalizados con ciertos delitos.
• Se aplicará principalmente a crímenes graves, mentiras durante el proceso de ciudadanía y fraudes contra el Estado.
• Los acusados no tendrán abogado asignado y podrían perder la ciudadanía más fácilmente.
• Esto ha generado fuertes críticas por su impacto en los derechos constitucionales, las familias y la seguridad jurídica de millones de inmigrantes.
Contacto de prensa:
Departamento de Justicia de EE. UU. – www.justice.gov
Fuente original: NPR – “DOJ announces plans to prioritize cases to revoke citizenship”
Por: Jaclyn Diaz y Juliana Kim
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El Departamento de Justicia de EE. UU. priorizcasos para revocar la ciudadanía a naturalizados
Fuente: NPR (Jaclyn Diaz y Juliana Kim)
Washington, D.C. | 30 de junio de 2025 – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció que está priorizando de forma agresiva los casos de revocación de ciudadanía estadounidense para personas naturalizadas que hayan cometido ciertos delitos, según un memorando interno divulgado el 11 de junio.
El documento, firmado por el Asistente del Fiscal General, Brett A. Shumate, establece que las acciones de desnaturalización se ubican ahora entre las cinco prioridades principales de la División Civil del DOJ, enfocándose en casos donde existan delitos relacionados con seguridad nacional, fraude al gobierno (como fraudes al Medicare o al programa de préstamos PPP), o conductas criminales ocultas durante el proceso de naturalización.
Ya se ha ejecutado al menos una revocación en este contexto. El pasado 13 de junio, un juez ordenó retirar la ciudadanía estadounidense a Elliott Duke, veterano militar originario del Reino Unido, condenado por distribución de material de abuso sexual infantil, conducta que habría comenzado antes de obtener su ciudadanía en 2013.
La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por la administración Trump desde su regreso al poder, que incluyen intentos de poner fin a la ciudadanía por nacimiento y recortes en programas de refugiados.
Diversos expertos legales y organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación sobre la constitucionalidad del enfoque. Cassandra Robertson, profesora de derecho en Case Western Reserve University, advirtió que el uso de procesos civiles para estos casos implica que los afectados no tienen derecho a defensa legal asignada por el Estado, además de que el estándar de prueba es más bajo.
Por su parte, Hans von Spakovsky, de la conservadora Fundación Heritage, respaldó la iniciativa afirmando que “quienes abusan del privilegio de ser ciudadanos estadounidenses deben perderlo”.
La guía también otorga a los fiscales federales amplia discreción para determinar qué casos de desnaturalización perseguir, lo que ha generado críticas por falta de claridad y por el posible impacto en familias completas, especialmente niños cuya ciudadanía depende de la de sus padres.
Steve Lubet, profesor emérito de derecho en Northwestern University, advirtió que esta política podría abrir un precedente peligroso, afectando incluso a ciudadanos que nunca cometieron delitos. “La ciudadanía no debe ser algo que se pueda revisar constantemente para algunos, mientras que para otros es intocable”, afirmó.
Hasta el momento, el DOJ no ha respondido preguntas sobre cómo esta política afectará a menores ni sobre los riesgos de generar personas apátridas tras la revocación.