La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos a los que señala de estar «involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio».
En la lista aparecen varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de este grupo la encabeza su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez; también están la vicepresidenta del máximo juzgado, Fanny Beatriz Márquez Cordero, así como los magistrados Malaquías Gil Rodríguez, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Juan Carlos Hidalgo Pandares.
Además, designaron para las sanciones al juez Edward Miguel Briceño Cisneros, encargado del Tribunal Primero de Primera Instancia, al que señalan de estar «alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo».
Igualmente al fiscal nacional número 58, Luis Ernesto Dueñez Reyes, quien inició una investigación contra al abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, y pidió contra él una orden de aprehensión ante un tribunal la semana anterior.
También está la fiscal Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, a quien señalan de operar dentro de las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De los militares, los de mayor rango en el alto mando son el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, así como el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Elio Estrada Paredes. En la lista también está el general, Johan Alexander Hernández Larez, quien es el Comandante de la REDI Capital de la GNB.
En el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) la medida alcanza a la rectora principal Rosalba Gil Pacheco y al secretario del organismo comicial, Antonio José Meneses Rodríguez.
Funcionarios de inteligencia sancionados por EEUU
Otros que recibieron sanciones son Asdrúbal José Brito Hernández, a quien mencionan como director de Investigaciones Criminales de la Dgcim. «Brito fue anteriormente director de contrainteligencia de la delegación presidencial». La lista la completa Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Además, el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2020, Pedro Infante, por estar al frente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO.
En un comunicado, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, explicó que estas medidas son contra personas «del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. Los funcionarios fueron designados por Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017».
Estas sanciones permiten congelar cualquier tipo de bienes que estas personas designadas tengan en territorio estadounidense, así como impedir que entidades de ese país tengan relaciones con estos funcionarios.
Advierten que las «instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de medidas coercitivas»./EFE