Con el objetivo de proteger los derechos socioeconómicos del pueblo y garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos, autoridades del gobierno nacional y regional realizaron un despliegue especial en Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida.
La jornada, coordinada junto a la SUNDDE, incluyó la verificación de precios, detección de acaparamiento, especulación y el uso indebido de divisas en comercios locales. Según lo establecido por la ley, las sanciones para quienes incurran en irregularidades pueden llegar a 20.000 unidades tributarias, cierre del local o penas de cárcel.
El operativo, enmarcado en políticas del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Arnaldo Sánchez y el ministro de Comercio, también incorporó un levantamiento de información sobre comerciantes afectados por las recientes lluvias, con miras a facilitar apoyo institucional para su recuperación.
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