**revendía apartamentos entre $5 mil y $7 mil••••
En un importante operativo llevado a cabo por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron detenidos 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MinVivienda) por su presunta vinculación con una red delictiva que desalojaba de manera ilegal apartamentos para venderlos en dólares.
Las detenciones se realizaron tras una denuncia presentada por la viceministra de Hábitat y Vivienda, Carolina Cestari, lo que permitió a las autoridades actuar de manera inmediata.
El primer operativo tuvo lugar en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, en la parroquia Coche del municipio Libertador. En dicho lugar fueron detenidas Ada Nacary Llovera Castellanos, quien ejercía como líder comunitaria y del Comité Familiar, junto a las funcionarias del MinVivienda Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmín Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.
Estas personas, según las investigaciones iniciales, presionaban a los residentes bajo amenazas con armas de fuego para que abandonaran sus hogares, los cuales posteriormente eran vendidos por sumas entre 5.000 y 7.000 dólares.
En un segundo operativo, efectuado en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, en Las Mercedes, Baruta, fueron arrestados cinco funcionarios más del MinVivienda. Entre ellos se encuentran Peregrina Alejandrina Amor Morelo, directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares; Mary Yoselin Trejo Peñaloza, directora de Adjudicación; y Miguel Ángel Tovar Quijada, director de Seguimiento y Control.
Además, fueron detenidos Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez y Karla Eduviges Sáenz Camacho, quienes ocupaban otros cargos dentro del ministerio.
Las investigaciones revelan que mientras Ada Llovera se encargaba de ejecutar los desalojos y las amenazas, las funcionarias del MinVivienda facilitaban el proceso de readjudicación de los inmuebles desalojados, permitiendo que los mismos fueran asignados a nuevos propietarios que pagaban en moneda extranjera.
Esta operación refleja la corrupción estructural dentro del ministerio, que incluía tanto a funcionarios de base como directivos de alto nivel.
La Fiscalía 78, especializada en delitos de corrupción y a cargo del fiscal Antonio Rodríguez, ha asumido la investigación del caso.
Además, durante los procedimientos, se incautaron documentos que involucran al exviceministro Héctor Bastidas en la trama, lo que podría ampliar el alcance de la investigación hacia otros altos cargos./Ultimas Noticias