MÉRIDA.- Ante una situación económica que califican como insostenible, trabajadores activos, jubilados, pensionados y representantes de la sociedad civil protagonizaron una movilización pacífica desde la Plaza del Espejo hasta la Inspectoría del Trabajo para exigir salarios dignos y denunciar la creciente precarización que afecta tanto al sector público como al privado.
La convocatoria contó con el respaldo de organizaciones sindicales, gremiales y asociaciones civiles, cuyos voceros destacaron que Mérida, reconocida por su tradición universitaria y cultural, no puede permanecer indiferente ante la crisis que enfrentan miles de familias venezolanas.
Denuncian pérdida de beneficios laborales
Durante la manifestación, los participantes señalaron que los ingresos de los trabajadores han sido sustituidos por bonos sin incidencia salarial, situación que —afirman— ha provocado la desaparición práctica de beneficios como las prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y cajas de ahorro.
Asimismo, alertaron sobre la amplia brecha existente entre los ingresos actuales y el costo de vida.
Canasta alimentaria supera los 755 dólares
Según las cifras expuestas durante la protesta, la Canasta Alimentaria Familiar alcanzó los 755,36 dólares (aproximadamente 581.625,07 bolívares) en agosto de 2026, mientras que el ingreso mínimo mensual de 130 bolívares, vigente desde 2022, se mantiene sin ajustes y lejos de cubrir las necesidades básicas de la población.
Los manifestantes sostuvieron que el congelamiento salarial, la reducción progresiva de derechos laborales y el deterioro del sistema de pensiones han profundizado la crisis social. En ese sentido, insistieron en que “el salario no es caridad y la pensión no es limosna”.
Exigen salario indexado y participación sindical
Como parte de sus planteamientos, las organizaciones solicitaron la implementación de un salario real e indexado automáticamente al costo de la canasta alimentaria, así como la participación formal del Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto y de las federaciones sindicales en las mesas de negociación socioeconómica.
También exigieron una auditoría social transparente de los ingresos petroleros del país, al considerar que los recursos nacionales deben contribuir a garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y pensionados.
JQ / CNP 23.851.