Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo ha sacado a la luz las graves consecuencias de la violencia que afecta a la región del Catatumbo, en el norte de Colombia. Según datos recopilados en espacios de coordinación interinstitucional, la situación deja un saldo preliminar de alrededor de 60 personas asesinadas, desplazamientos masivos y secuestros múltiples, cifras que, como advierte la entidad, “pueden variar en verificaciones posteriores”.
Impacto en la población civil
Entre las víctimas fatales, la Defensoría destaca que siete eran firmantes de paz, y uno de ellos, Carmelo Guerrero, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Además, cientos de familias han huido de sus hogares debido al temor y las amenazas constantes.
En este contexto, comunidades como Ocaña, Tibú, Ábrego y El Tarra han recibido miles de desplazados. Según el reporte, hasta 2.500 personas llegaron a Tibú desde áreas rurales, mientras que 850 familias han buscado refugio en Ocaña. También se registra el desplazamiento de comunidades indígenas como la Barí Irocobingkayra, que se reubicaron preventivamente en La Gabarra.
Por su parte, en la vecina Venezuela, la embajada colombiana en Caracas confirmó la llegada de al menos 60 personas al estado de Zulia, en busca de seguridad.
Riesgo para comunidades indígenas
La Defensoría resaltó la amenaza que enfrentan pueblos indígenas, en particular el pueblo Yukpa de Norte de Santander. Comunidades como Yukpa Tayaya (San Pablo, Teorama) y Centro Piloto Karacha (Tibú) enfrentan un alto riesgo de desplazamiento.
Secuestros y extorsión
El informe también reporta secuestros masivos en la región. Tres firmantes de paz fueron secuestrados en Convención y Teorama, mientras que 20 personas (10 de ellas mujeres) fueron retenidas el pasado 16 de enero. Además, 12 habitantes más han sido secuestrados con fines extorsivos en los últimos días.
Impacto económico y humanitario
El conflicto ha paralizado actividades económicas, educativas y de subsistencia, generando una creciente escasez de alimentos en varias comunidades afectadas.
Llamado de la Defensoría
En su reporte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para garantizar asistencia humanitaria y permitir el ingreso de las autoridades a las zonas afectadas. Asimismo, exhortó a los grupos armados, especialmente al ELN, a cesar los ataques contra la población civil y permitir la atención humanitaria.
“A los grupos armados, y particularmente al ELN, permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil”, concluyó el informe.
Fuente caracol radio.com.co