La Corte Suprema ha bloqueado, por ahora, las deportaciones de cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley bélica del siglo XVIII
Por NICHOLAS RICCARDI, Associated Press, y MARK SHERMAN, Associated Press
19 de abril de 2025, 2:00 AM
La Corte Suprema bloqueó la madrugada del sábado , por ahora, las deportaciones de cualquier venezolano retenido en el norte de Texas bajo una ley bélica del siglo XVIII.
En una orden breve, el tribunal instruyó a la administración Trump a no deportar a los venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet “hasta nuevo aviso de esta corte”.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito estuvieron en disidencia.
El máximo tribunal actuó ante una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que sostenía que las autoridades migratorias parecían reanudar las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La Corte Suprema había señalado a principios de abril que las deportaciones solo podían continuar si quienes estaban por ser expulsados tenían la oportunidad de presentar su caso en juicio y se les daba “un tiempo razonable” para impugnar su expulsión.
“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas corrían el peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una prisión salvadoreña brutal sin haber recibido jamás un debido proceso”, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt en un correo electrónico.
El viernes, dos jueces federales se negaron a intervenir cuando los abogados de los detenidos iniciaron una campaña legal desesperada para impedir su deportación, aunque uno de los jueces reconoció que el caso planteaba preocupaciones legítimas. La mañana del sábado, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. también se negó a emitir una orden que protegiera a los reclusos de ser deportados.
Se espera que la administración recurra pronto nuevamente ante la Corte Suprema para persuadir a los magistrados de que levanten su orden temporal.
La ACLU ya había demandado para bloquear las deportaciones de dos venezolanos retenidos en Bluebonnet y buscaba una orden que prohibiera las expulsiones de cualquier inmigrante en la región bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
En una presentación de emergencia a primera hora del viernes, la ACLU advirtió que las autoridades migratorias acusaban a otros venezolanos allí detenidos de ser integrantes de la pandilla Tren de Aragua, lo que los haría sujetos al uso de la ley por parte del presidente Donald Trump.
Esa ley solo se ha invocado tres veces en la historia de EE. UU., la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para confinar a civiles nipoamericanos en campos de internamiento. La administración Trump afirmó que le daba facultades para expulsar rápidamente a inmigrantes identificados como miembros de la pandilla, sin importar su estatus migratorio.
Tras la orden unánime del alto tribunal el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron de inmediato órdenes que prohibían la deportación de detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros hasta que la administración ofreciera un proceso para que pudieran presentar sus reclamaciones en los tribunales.
Pero no se había dictado tal orden en la zona de Texas donde se ubica Bluebonnet, a 24 millas al norte de Abilene, en el extremo norte del estado.
El juez de Distrito James Wesley Hendrix, nombrado por Trump, se negó esta semana a impedir que la administración deportara a los dos hombres señalados en la demanda de la ACLU, pues Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó declaraciones juradas asegurando que no serían deportados de inmediato. También rechazó emitir una orden más amplia que prohibiera la expulsión de todos los venezolanos en el área, alegando que aún no habían comenzado las deportaciones.
Pero en la presentación del viernes, la ACLU incluyó declaraciones juradas de tres abogados de inmigración distintos que afirmaban que a sus clientes en Bluebonnet se les había entregado documentación señalándolos como miembros del Tren de Aragua y advirtiéndoles que podrían ser deportados ese mismo sábado. En un caso, la abogada Karene Brown dijo que su cliente, identificado por sus iniciales, fue obligado a firmar papeles en inglés, aunque solo habla español.
“ICE informó a F.G.M. que estos papeles provenían del Presidente y que sería deportado incluso si no los firmaba”, escribió Brown.
Gelernt declaró en una audiencia la noche del viernes ante el juez de Distrito James E. Boasberg, en Washington D.C., que la administración trasladó inicialmente a los venezolanos a su centro migratorio del sur de Texas para deportación. Pero, desde que un juez prohibió las expulsiones en esa área, los ha enviado al centro de Bluebonnet, donde no existe tal orden. Testigos informaron que los hombres eran subidos a autobuses el viernes por la noche para ser llevados al aeropuerto.
Al no acceder Hendrix a la petición de orden de emergencia de la ACLU, el grupo apeló a Boasberg, quien detuvo las deportaciones en marzo. La Corte Suprema dictaminó que solo los jueces de las jurisdicciones donde estaban detenidos podían emitir órdenes contra las deportaciones, lo que, según Boasberg, lo dejó sin autoridad el viernes.
“Soy comprensivo con todo lo que dicen”, le dijo Boasberg a Gelernt. “Simplemente, no creo tener el poder para hacer nada al respecto.”
Esta semana, Boasberg halló indicios de que la administración Trump pudo haber incurrido en desacato criminal al desobedecer su primera orden de paro a las deportaciones. Le preocupaba que los formularios que ICE entregaba a los detenidos no aclararan que tenían derecho a impugnar su expulsión en los tribunales, tal como lo exigía la Corte Suprema.
Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, discrepó, asegurando que quienes fueran señalados para deportación tendrían un “mínimo” de 24 horas para impugnar su expulsión. Dijo que no había vuelos programados para la noche del viernes y que desconocía alguno para el sábado, aunque el Departamento de Seguridad Nacional se reservó el derecho a realizar expulsiones entonces.
ICE declaró que no haría comentarios sobre el litigio.
También el viernes, un juez de Massachusetts convirtió en permanente su prohibición temporal de que la administración deportara a inmigrantes que agotaron sus apelaciones hacia países distintos a sus de origen, a menos que se les informara de su destino y se les diera la oportunidad de objetar en caso de enfrentar tortura o muerte.