El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, afirmó que los incrementos en los precios de los inmuebles reportados en la actualidad responden a percepciones individuales y no a la realidad del mercado. Asimismo, resaltó que la ausencia de financiamiento bancario y el marco legal mantienen paralizada la construcción de viviendas nuevas en el país durante el inicio de 2026.
“Ese aumento no responde a ninguna expectativa que no sea la percepción de una persona y la carencia o la falta de asesoría profesional”, aseguró González al ser consultado sobre el alza de precios.
Añadió que “no existe nada que justifique el aumento de precio”, desestimando que el valor de oferta del metro cuadrado responda a una dinamización del sector.
Para González, el ajuste que se observa en anuncios carece de sustento técnico. Explicó que, aunque 2026 inició con expectativas de mejora, estas no determinan que aumentar el valor de los inmuebles sea la decisión idónea, debido a que «no han aumentado las condiciones de la demanda ni la capacidad de compra del venezolano».
La brecha entre oferta y capacidad de compra
Según un informe elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Mercado Libre publicado el pasado mes de diciembre, el precio del metro cuadrado en zonas como el Distrito Capital promedia los 846 dólares en apartamentos. Sin embargo, González explicó que fijar precios por encima de la realidad del mercado genera un efecto de «ralentización de las ventas».
Señaló que, si un inmueble ha permanecido seis meses en oferta sin concretar la venta y se le aumenta el precio, las probabilidades de cierre disminuyen.
A su juicio, el impacto de la falta de crédito es el factor determinante en este escenario, pues el negocio inmobiliario depende del financiamiento a largo plazo, herramienta inexistente en la banca nacional actual. “Sin financiamiento, no hay una potenciación de la demanda que determine que es una decisión aumentar el valor del metro cuadrado”, puntualizó.
El peso del marco legal y la parálisis de la construcción
La ausencia de proyectos habitacionales representa uno de los puntos que destaca la Cámara Inmobiliaria. Los registros del gremio indican que desde el año 2012 no se reporta la edificación de metros cuadrados nuevos destinados a vivienda en el país. Esta situación se atribuye a la vigencia de tres instrumentos legales que, según el análisis sectorial, detienen la inversión y la ejecución de obras.
En primer lugar, la Ley de Arrendamiento es señalada por el sector de establecer condiciones que los propietarios consideran riesgosas para la recuperación de sus inmuebles. En ese sentido, González detalló que «el desequilibrio en las garantías para el arrendador ha provocado que miles de unidades permanezcan cerradas, fuera del mercado de alquiler».
A esta limitación se suma la Ley del Deudor Hipotecario. Este instrumento legal impide pactar hipotecas o realizar ventas en moneda extranjera, lo que anula las posibilidades de financiamiento a largo plazo en una economía con uso de divisas. Ante la incapacidad legislativa de ofrecer créditos en moneda dura, el mercado se reduce a transacciones de contado, limitando el acceso a la vivienda.
Finalmente, la Ley de Estafa Inmobiliaria actúa como un desincentivo para los promotores de vivienda. El marco jurídico actual contempla penas de presidio ante variables de la actividad de construcción que puedan retrasar la entrega de proyectos.
Esta normativa ha provocado el retiro de inversionistas del segmento habitacional debido a los riesgos penales que implica la promoción de viviendas en el contexto nacional. «Si este marco jurídico es revisado o replanteado, se puede incentivar la producción de vivienda, lo que se traduce en generación de empleo», aseguró González.
Finalmente, la Ley de Estafa Inmobiliaria actúa como un desincentivo para los promotores de vivienda. El marco jurídico actual contempla penas de presidio ante variables de la actividad de construcción que puedan retrasar la entrega de proyectos.
Esta normativa ha provocado el retiro de inversionistas del segmento habitacional debido a los riesgos penales que implica la promoción de viviendas en el contexto nacional. «Si este marco jurídico es revisado o replanteado, se puede incentivar la producción de vivienda, lo que se traduce en generación de empleo», aseguró González.
Proyecciones para 2026
Para la Cámara Inmobiliaria, el ejercicio de 2026 representa un periodo de ajuste. Ante la ausencia de proyecciones de crecimiento debido a la variabilidad de los indicadores económicos, el gremio enfocará sus esfuerzos en la formación de sus integrantes.
“El mercado a partir del 2026 va a ser un mercado de exigencia y va a determinar una capacidad de consultoría por parte de los profesionales. Estamos preparando a nuestros agremiados para las realidades de cumplimiento que van a demandar las empresas extranjeras”, concluyó./Bitácora Económica