La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una reforma legal que busca abrir el sector eléctrico a la participación de empresas privadas, en lo que representa uno de los cambios más relevantes en la estructura energética del país en más de una década.
La propuesta permitiría que compañías privadas, empresas mixtas y firmas con participación minoritaria del Estado puedan generar, distribuir y comercializar electricidad bajo un esquema de concesiones otorgadas por el Gobierno. La medida pondría fin al monopolio estatal que ha predominado desde la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), consolidada como única operadora del sistema eléctrico.
El proyecto establece que las concesiones podrían tener una duración de hasta 25 años, con posibilidad de extensión por 15 años adicionales. Asimismo, el Ministerio de Energía tendría la facultad de otorgar permisos, supervisar operaciones y revocar concesiones en caso de incumplimientos o circunstancias específicas definidas por la ley.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la implementación de un esquema tarifario orientado a reflejar los costos reales del servicio eléctrico, permitiendo además que los operadores obtengan una rentabilidad considerada «razonable», lo que marca un cambio respecto a los actuales subsidios