La Asamblea Nacional (AN) sancionó este viernes, 21 de agosto, la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, con la que el Legislativo plantea regular el mercado inmobiliario y garantizar la seguridad jurídica en los procesos de venta y compra de casas, establecimiento elevadas multas por incumplimiento y aumentando la permisología y parámetros exigidos a las constructoras.
Se trata de una reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, sancionada en 2011, y que ahora fue “profundamente cambiada”, incluso en su nombre, como una de las decisiones del Estado venezolano para atender el problema habitacional del país, agravado tras el doble terremoto del pasado 24 de junio que dejó más de de 24 mil viviendas inhabitables.
“Hemos modificado de manera muy profunda la que anteriormente llamábamos Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la hemos convertido en una nueva ley (…) Es una ley que protege a todos estos promotores productores, constructores dedicados a la rama de la construcción de viviendas. Y al mismo tiempo protege a los compradores de vivienda para que puedan acceder rápidamente a ellas y que se evite cualquier situación que atente contra el derecho que tienen a adquirir vivienda”, explicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en un video publicado al salir de la sesión.
El instrumento legal de 40 artículos y cuatro capítulos es la undécima ley sancionada este año por el Parlamento y la primera durante el receso parlamentario que por norma asume la AN en este periódo del año.
El texto se propone garantizar la transparencia y viabilidad financiera en la adquisición de inmuebles en las fases de preventa o construcción. Para ello impone un marco sancionatorio a infracciones graves y muy graves que van desde 3 mil y hasta 54 mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor según el Banco Central (BCV) a quienes incumplan sus parametros.
Además, plantea un registro único de promotores y constructores de viviendas y establece un régimen de promoción y protección de las nuevas viviendas con mecanismos de control más estrictos sobre promotoras y constructoras, buscando equilibrar la relación entre el Estado, el sector privado y las familias.
Aspectos clave de la nueva normativa
De acuerdo con el texto que circuló tras la segunda discusión, la ley sancionada se fundamenta en la idea de que la vivienda es un derecho humano y que sus procesos de construcción y comercialización son de «interés social».
Entre los puntos más destacados se encuentran:
Fideicomisos obligatorios. Para proteger el dinero de los compradores, las constructoras deben constituir un fideicomiso inmobiliario, como explica el artículo 18. Los fondos depositados solo serán liberados contra la certificación de avances físicos reales de la obra, evitando así el desvío de capitales y garantizando que el dinero esté resguardado y que las obras cuenten con viabilidad financiera antes de ser iniciadas, aunque la medida aumenta los costos administrativos para las empresas constructoras.
Permisología previa. El texto prohíbe el inicio de obras físicas o la captación de dinero en preventa sin contar con la totalidad de los títulos de propiedad, aprobación de anteproyectos, variables urbanas y la inscripción en el nuevo «Registro Único Nacional de Proyectos e Inmobiliarias».
Responsabilidad y multas. La ley tipifica infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones económicas severas calculadas sobre la base del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el BCV.
Transparencia. De acuerdo con el artículo 19 sancionado, se obliga a las empresas a detallar en los contratos las características exactas de la vivienda, el cronograma de ejecución y la prohibición de cobros adicionales inesperados.
Seguridad jurídica y más burocracia. Al exigir estudios técnicos previos de suelos, impacto ambiental, servicios y permisología completa, el legislador pretende reducir la incertidumbre.
Control del Estado. El texto legal hace formal la supervisión del Estado, permitiendo una fiscalización más directa sobre la calidad y el cumplimiento de las promotoras y constructoras.
No obstante, la exigencia de múltiples permisos y registros previos podría tener impacto en el inicio de nuevos proyectos habitacionales, dependiendo de la respuesta de organismos públicos.