La mayoría chavista dentro de la Asamblea Nacional (AN) brindó su respaldo al reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, con el que el país norteamericano se hace con más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas.
El pacto fue calificado por el Legislativo en el acuerdo como «el más importante en los últimos 100 años en el país», debido a su alcance para transformar el modelo productivo y convertir a Venezuela en una “potencia energética global”.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Miguel Pérez Abad, presentó el acuerdo en favor del contrato con Estados Unidos y exaltó muchas de sus bondades, mientras que las bancadas opositoras se mostraron de acuerdo con la relevancia del mismo, pero no respaldaron en su votación por considerar que no se conocen los detalles y la envergadura real del mismo.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, salió al paso a explicar que en la AN se respalda el anuncio de este acuerdo, más no el acuerdo en sí mismo, en tanto aún no se ha hecho público en toda su extensión.
Aclaró que el convenio con Washington responde a la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, que “contempla unas formas de relacionamiento económico y productivo, los famosos CPP, contratos de participación productiva que no es otra cosa que PDVSA se asocia con compañías extranjeras para explotar petróleo”, dijo.
Aseguró que este reciente pacto con Estados Unidos equivale al CPP número 50 firmado desde la aprobación de la Ley y que “vienen 15 más”, pues muchos países y empresas están interesados en este tipo de convenios.
Mencionó que los españoles, los italianos y los cataríes no se querrán quedar fuera de este tipo de acuerdos que se están promoviendo desde Venezuela.
Según Rodríguez, este convenio con Estados Unidos va a promover el ingreso en el país de 209 mil, 210 mil millones de dólares, solo por la explotación de estos 17 campos petroleros e insistió en que a nadie le conviene que ese petróleo permanezca debajo de la tierra venezolana.
Por la recuperación
El diputado Abad explicó que el convenio contempla el desarrollo operativo de 17 campos petroleros, de los cuales siete son campos vírgenes que requieren inversiones en instalaciones de superficie, abarcando el 22% de las reservas comprobadas del país con una inyección estimada de capital de entre 100.000 y 110.000 millones de dólares.
“Estamos hablando del 22% de las reservas comprobadas, sin ceder la propiedad de las reservas, es decir, sigue siendo patrimonio de la República, se garantiza la soberanía nacional del recurso, con una inyección aproximada de 100.000 millones de dólares, puede ser 110, que no es el único impacto que va a recibir la República, porque una vez que se colocan estas inversiones, viene todo lo que hay que hacer con el incremento productivo”, dijo.
Según la exposición presentada ante el Parlamento, este flujo financiero permitirá incrementar la producción nacional en 1,5 millones de barriles adicionales diarios para alcanzar una banda exportadora cercana a los tres millones de barriles, además de reinsertar al crudo venezolano en mercados internacionales más cercanos y rentables, como las refinerías de Estados Unidos.
En el ámbito macroeconómico y social, explicó que el proyecto prevé la generación de 3,6 millones de empleos directos e indirectos, la incorporación de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales con experticia petrolera, y el fortalecimiento de la moneda nacional mediante mayores reservas internacionales destinadas a estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.
El acuerdo aprobado por los parlamentarios resuelve “respaldar el acuerdo binacional energético entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos como un instrumento estratégico de alto impacto para continuar la recuperación económica, la atracción de inversiones de capital y el desarrollo tecnológico productivo para la nación en el mediano y largo plazo”.
Además, se plantea “ratificar la plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos” a la vez que insta en que las condiciones fiscales y operativas del acuerdo con EE.UU. garantice “una justa impulsión del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional”.
Durante esta sesión extraordinaria, la AN sancionó también la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con la que se sube de 21 a 23 el número de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales encargado de seleccionar a los mejores perfiles para ser los nuevos magistrados del máximo tribunal.