La empresa multinacional argentino-estadounidense IMPSA comenzó los trabajos de modernización de dos centrales hidroeléctricas venezolanas, con el objetivo de recuperar 672 megavatios de capacidad de generación durante los próximos dos años. Sin embargo, la magnitud de la crisis eléctrica nacional plantea el desafío de determinar hasta dónde llegará esta recuperación.
El inicio de los trabajos fue anunciado este viernes por la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que informó que la primera fase contempla recuperar 160 megavatios en la central hidroeléctrica Macagua, ubicada en el estado Bolívar.
El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, participó en una visita a las instalaciones junto con representantes de IMPSA y del Ministerio de Energía Eléctrica.
El proyecto se desarrolla en medio de los persistentes problemas del servicio eléctrico venezolano, caracterizados por interrupciones, fallas de generación y deficiencias en la infraestructura, especialmente en regiones alejadas de Caracas.
La participación de IMPSA también está vinculada con la reactivación del proyecto hidroeléctrico Tocoma. En agosto pasado, el Gobierno venezolano firmó un apéndice contractual con la compañía para retomar los trabajos de construcción de esta central, cuya ejecución comenzó en 2007, durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Tocoma forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana, junto con Guri, Macagua y Caruachi. Aunque su culminación estaba prevista para 2014, las obras quedaron paralizadas con un avance físico de 87,19 %, según la organización Transparencia Venezuela.
La recuperación anunciada representa una intervención importante en la infraestructura hidroeléctrica, pero debe dimensionarse frente a las necesidades nacionales. El pasado 21 de octubre, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem) estimó que el país necesita una inversión de 40.000 millones de dólares y un plan maestro de aproximadamente diez años para recuperar el sistema eléctrico, después de más de una década de desinversión.
El Gobierno venezolano ha atribuido las fallas eléctricas a las sanciones internacionales y a supuestos sabotajes. Por su parte, sectores de la oposición y especialistas señalan la corrupción, la falta de mantenimiento y la ausencia de inversiones sostenidas como factores determinantes del deterioro.
La pregunta de fondo es si la recuperación de estas centrales, con el respaldo de una empresa multinacional y la participación estadounidense, marcará el comienzo de una solución estructural o será una intervención parcial frente a un problema que requiere inversiones mucho mayores, planificación y recuperación integral de la infraestructura eléctrica.