La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió este miércoles el desarme, la desmovilización y el desmantelamiento de los colectivos armados vinculados al chavismo, al considerar que estos grupos han participado en labores de vigilancia, control territorial y acciones de represión política con distintos niveles de apoyo y coordinación estatal.
María Eloísa Quintero, integrante de la misión de la ONU, presentó un adelanto de los hallazgos que serán incluidos en los informes que el organismo divulgará este viernes sobre la situación de los derechos humanos y las libertades políticas y sociales en Venezuela durante el último año.
La experta afirmó que la misión encontró motivos razonables para creer que los colectivos han apoyado la represión mediante la identificación y vigilancia de personas consideradas opositoras, además de participar en protestas, operativos de seguridad y acciones de represión selectiva, frecuentemente en coordinación con organismos del Estado.
“Recomendamos cesar el apoyo estatal a estos colectivos armados, recuperar el control legítimo sobre el uso de la fuerza y las armas y emprender un proceso progresivo, pacífico y basado en los derechos humanos para su desarme, desmovilización y desmantelamiento”, expresó Quintero.
Según la investigación, estos grupos no solo actúan durante manifestaciones, sino que también ejercen influencia permanente en diversas comunidades. La misión indicó que algunos colectivos participan en la distribución de alimentos, combustibles, servicios y beneficios sociales, además de intervenir en conflictos locales mediante mecanismos de coacción.
La ONU advirtió que esta presencia genera un clima de temor y autocensura entre los ciudadanos. De acuerdo con el informe, en determinadas comunidades expresar críticas políticas puede tener consecuencias relacionadas con la seguridad personal o con el acceso a recursos considerados esenciales.
Vínculos con el Estado
La misión también concluyó que existen vínculos entre los colectivos armados y el Estado venezolano, evidenciados por el respaldo público de altas autoridades, el acceso a recursos, equipamiento y financiamiento, así como la incorporación de integrantes de estos grupos a instituciones públicas y cuerpos de seguridad.
Además, se detectó la presencia de funcionarios y exfuncionarios dentro de los colectivos y una delegación, expresa o implícita, de funciones relacionadas con el orden público y el control territorial.
Los expertos señalaron que la ausencia de investigaciones y sanciones ha permitido que estas relaciones continúen. Asimismo, indicaron que existen motivos razonables para atribuir al Estado determinadas acciones cometidas por integrantes de colectivos cuando actuaron bajo dirección, control o coordinación de organismos estatales.
La misión subrayó que las autoridades venezolanas tienen la obligación de prevenir abusos, investigar los hechos denunciados, sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas.
“El Estado no puede eludir su responsabilidad externalizando la violencia a actores nominalmente civiles”, afirmó Quintero, quien sostuvo que una reforma institucional no será suficiente si no se investigan tanto los abusos cometidos por miembros de estos grupos como la participación o tolerancia de funcionarios públicos.