La situación del exalcalde de Mérida, Carlos García, ha encendido las alarmas en su entorno familiar y político tras cumplirse casi ocho meses de reclusión bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Su esposa, Gabriela Duarte, denunció públicamente las precarias condiciones de confinamiento que enfrenta el dirigente y el grave impacto que estas han tenido sobre su integridad física.
De acuerdo con los testimonios ofrecidos por Duarte, el prolongado encierro ha provocado estragos severos en la salud del exmandatario local, quien ha perdido aproximadamente 20 kilogramos de peso y ha requerido hospitalización de emergencia en dos oportunidades distintas desde su aprehensión, ocurrida el pasado 23 de enero de 2026 en una oficina de ICE en Ohio durante una cita regular de control migratorio.
El proceso legal de García ha estado marcado por múltiples obstáculos desde su salida de Venezuela en 2021 y su llegada a territorio estadounidense.
Tras ingresar al país, el exalcalde solicitó asilo político e interpuso diversos recursos legales y solicitudes de fianza para enfrentar el proceso en libertad, los cuales fueron desestimados por las autoridades migratorias competentes.
Ante el progresivo deterioro físico y la falta de una resolución definitiva a su estatus, el exalcalde tomó la decisión de desistir de las apelaciones pendientes y aceptar su deportación voluntaria hacia Ecuador. Sin embargo, los trámites para ejecutar el traslado aún no se han concretado, manteniéndolo en una situación de indefensión jurídica dentro del sistema federal estadounidense.
Ante este panorama crítico, familiares y allegados hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para agilizar los trámites de repatriación voluntaria, priorizando la preservación de la vida, la salud y los derechos fundamentales del exdirigente político venezolano.
Cortesía VPITV.