El Gobierno de La Habana anuncia la liquidación de las empresas públicas “que no soporten la devaluación” y entierra el igualitarismo
Cuba ha roto sus propios dogmas ante la peor crisis económica y social de su historia reciente. El Gobierno cubano, agobiado por las presiones de Washington y un creciente descontento social, ha aprobado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) —el Parlamento local— un paquete de 176 medidas drásticas, un plan de choque que, bajo la retórica de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”, introduce formalmente dinámicas de mercado, autoriza la creación de bancos privados, abre las empresas estatales a accionistas particulares, decreta el fin del igualitarismo mediante el desmantelamiento de los subsidios universales y permite devaluaciones sucesivas de la moneda nacional. Las autoridades han advertido de que “las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”.
El escenario elegido para el anuncio no dejó espacio para las dudas del apuro que el aparato tiene de presentar cambios frente a las presiones extranjeras. Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura, celebrada la tarde del jueves en el Palacio de Convenciones de La Habana, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, desgranó durante horas una hoja de ruta que parece certificar el fin del paternalismo estatal. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, validaba en la sala el informe con su presencia, mientras que en una pantalla vigilaba a distancia como un Gran Hermano el general Raúl Castro Ruz para demostrar que el ala histórica del régimen bendice un terremoto económico que en otros tiempos habría representado una pesadilla para los socialistas cubanos.
Se trata del giro económico y social más profundo e impredecible desde que Raúl Castro abrió el país a reformas en 2011. Las corporaciones públicas, hasta ahora intocables y lastradas por la burocracia, se transformarán en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Aunque La Habana asegura que mantendrá la mayoría en los sectores estratégicos, la gran novedad es que se permitirá a las formas de gestión no estatal —el emergente sector privado— y a personas naturales comprar acciones de estas empresas públicas. Además, las corporaciones que acumulen pérdidas sostenidas se enfrentarán, por primera vez, a procedimientos formales de quiebra, reestructuración y liquidación.
El sismo alcanza también al sector financiero, hasta ahora celosamente custodiado por el régimen. El plan contempla fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria, lo que representa el fin del monopolio bancario estatal mediante la autorización de instituciones financieras de capital privado, cooperativo y extranjero, que operarán bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC). “Se permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias o no financieras de apoyo al sector bancario de capital privado nacionales o extranjeras para el otorgamiento de microcréditos”, establece el plan. La reforma crea un mercado cambiario “digital en tiempo real” con sistemas de subasta de divisas, acompañado de un anuncio que anticipa turbulencias para el ciudadano común: devaluaciones sucesivas de la moneda nacional (CUP). La advertencia del Primer Ministro fue lapidaria: “Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas”.
Las reformas llegan en medio de una feroz ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra la isla. La Casa Blanca ha desplegado una agresiva estrategia que combina la asfixia financiera sin precedentes con presiones diplomáticas. Trump ha cercado la economía cubana mediante un severo bloqueo energético al restringir drásticamente el flujo de crudo y perseguir a los buques que intentan burlar el cerco. Además, el Departamento de Estado ha limitado el acceso de Cuba a la banca internacional, forzando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Washington busca estrangular los ingresos del conglomerado militar GAESA, un aparato militar que controla prácticamente la mitad del PIB de la isla. Trump también ha ordenado mantener canales de comunicación de alto nivel encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de forzar concesiones políticas y la liberación de prisioneros a cambio de alivio económico. “Hemos hablado con ellos y les hemos dicho lo que tienen que hacer para recuperar su economía”, dijo Rubio.