Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela,Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado el pasado 19 de febrero de 2026 para consolidar la reconciliación y la paz social en el país.
La mandataria encargada detalló un proceso de excarcelaciones que se inició en enero con 885 liberaciones previas a la referida ley. Informó que, a través de la Comisión de Reforma Judicial y el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, se sumaron 395 liberaciones adicionales, con la expectativa de superar las 500 en las próximas horas.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que 3.630 personas fueron liberadas de la justicia ordinaria en lo que va de año, superando las 2.244 excarcelaciones registradas en todo 2025. Cabello enfatizó que la Constitución venezolana garantiza los derechos humanos, lo que permite afinar propuestas para el Poder Judicial, buscando que personas acusadas por delitos que no ameriten cautiverio puedan ser juzgadas en libertad.
Esta política de juzgar en libertad se aplica a casos como accidentes de tránsito sin lesionados, reduciendo el retardo procesal y fortaleciendo el papel de los jueces de paz en la resolución de conflictos comunitarios.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que más de 12.000 personas solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía, de las cuales casi 9.000 fueron beneficiadas. El parlamentario señaló que la cifra muestra el compromiso del Estado con la reconciliación interna frente a la injerencia externa y las campañas contra el proceso.
Rodríguez explicó que la Asamblea Nacional trabaja en la reforma de la justicia penal con la elaboración de leyes que buscan proteger a los ciudadanos y fortalecer el sistema judicial,consolidando la autonomía legislativa del país. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia elevará el número de magistrados de 20 a 32, con el fin de fortalecer la Sala Constitucional y acelerar procesos para combatir el retardo judicial.
La implementación de la Ley de Jueces de Paz, aprobada hace año y medio, establece una justicia de proximidad y comunitaria, orientada a consolidar un modelo judicial propio y eficiente.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatríz Rodríguez, destacó la activación de cerca de 38.000 voluntades de paz en todo el territorio venezolano. Esta medida extiende los mecanismos de mediación y conciliación a cada rincón del país, una acción orientada a consolidar la autonomía nacional frente a las campañas de desestabilización.
El encuentro contó con la participación de otras autoridades del Estado, incluidos el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Egleé González; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatríz Rodríguez, y el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza.