Bajo la lluvia, merideños permanecieron a la espera de unidades en paradas de sectores como La Otra Banda, Arenal, Tabay y El Chama, en la ciudad de Mérida, en medio de la paralización del transporte público. La escena reflejó la incertidumbre de quienes dependen del servicio para movilizarse en su día a día.
La situación evidenció la vulnerabilidad de la movilidad urbana ante conflictos no resueltos, obligando a muchos a caminar largos trayectos o permanecer a la intemperie. Más allá de la coyuntura, dejó abierta la reflexión sobre la necesidad de garantizar soluciones que prioricen a los usuarios.
En paralelo, tras una jornada de movilización en las inmediaciones de la Federación de Centros
Universitarios de la ULA (FCU-ULA), representantes del movimiento estudiantil y autoridades municipales informaron que se acordaron medidas correctivas frente a denuncias de amedrentamiento por parte de transportistas. El representante municipal, Manuel
Morantes, confirmó la aplicación de una sanción administrativa, mientras que el estudiante Israel Ortega señaló que se solicitó formalmente la instalación de una mesa de trabajo en un plazo no mayor a ocho días.
Las partes ratificaron el compromiso de evitar atropellos contra estudiantes, personas de la tercera edad y usuarios en general, manteniéndose el debate en torno al cumplimiento del pasaje preferencial estudiantil como eje central de las próximas discusiones técnicas para garantizar el derecho a la movilidad.