La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmó que la Ley de Amnistía aplicada en Venezuela representa un paso positivo para la liberación de detenidos, pero criticó que la normativa no reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos ni a las víctimas de la represión.
Durante una actualización oral presentada en Ginebra, la experta María Eloisa Quintero señaló que la ley fue aprobada de forma acelerada, con un alcance limitado y sin procesos transparentes. También indicó que muchas víctimas siguen siendo catalogadas como delincuentes, lo que impide su reconocimiento y reparación.
La Misión advirtió además que numerosas personas continúan detenidas, entre ellas civiles y militares acusados de delitos como rebelión, y reiteró que no es necesaria una ley de amnistía para liberar a quienes han sido detenidos de forma ilegítima.
El organismo informó que entre septiembre y diciembre de 2025 se documentaron 135 detenciones arbitrarias, algunas acompañadas de tratos crueles o degradantes, así como tres muertes bajo custodia del Estado por presunta falta de atención médica.
También denunció que el espacio cívico y democrático sigue restringido, con persecución a activistas, organizaciones civiles y medios de comunicación, y consideró que las condiciones para elecciones con garantías plenas siguen siendo remotas.
Finalmente, la Misión criticó la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, señalando que dicha acción violó el derecho internacional, pese a considerar a Maduro responsable de crímenes de lesa humanidad.
La Misión reiteró su llamado al Estado venezolano para cooperar con las investigaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.