La segunda discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática solo llegó hasta el artículo 6 en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este jueves 12 de febrero.
La discusión del artículo 7 sobre el ámbito personal trancó el serrucho: mientras la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) exige que los solicitantes de amnistía deben ponerse a derecho, es decir, reconocer los delitos que supuestamente cometieron “porque se les está otorgando un perdón”, el grupo parlamentario Libertad (oposición) recordó la presunción de inocencia «hasta que se demuestre lo contrario» y no estuvo de acuerdo.
Diputados de ambos frentes reconocieron la importancia de que toda la normativa goce de consenso en la Cámara, por lo que el presidente de la comisión especial que dirigió la consulta pública y trabajó en el informe para segunda discusión, Jorge Arreaza, pidió el diferimiento y así fue concedido por el voto unánime de la plenaria. La esperada normativa continuará siendo discutida en la próxima sesión, sentenció el jefe de la AN, Jorge Rodríguez.
2.700 propuestas
Tras aprobarse la urgencia reglamentaria para iniciar la discusión de la Ley de Amnistía, artículo por artículo, Arreaza intervino para subrayar que se trata de una ley necesaria y pertinente. Hizo un recuento de seis días de trabajo en los que aseguró se recibieron 2.700 aportes a la normativa y “siguen llegando”. Alabo las “innumerables reuniones” y el despliegue regional para la consulta pública.
“Se recibió a los jefes de los poderes y recibimos sus propuestas. Nos reunimos con ONG con trayectoria en el activismo por los derechos humanos, escuchamos cada aporte e incorporamos algunos. Escuchamos a jueces de paz, familiares de privados de libertad, con los que estuvimos seis horas reunidos, sin descanso, escuchamos sus aportes y sus circunstancias, a víctimas de la violencia política de 2014 y 2017 (…) El país merece una ley con la que todos estén de acuerdo”, dijo el excanciller de la República.
Le siguió la diputada Nora Bracho (UNT), vicepresidenta de la comisión especial, quien llamó a la amplitud de la ley para que sean incluidos presos políticos, exiliados y a “los que piensan distinto”. Recalcó que Venezuela necesita cerrar el ciclo de la confrontación, por lo que la sanción de la normativa, dijo, puede ser un punto de partida para una etapa diferente, donde el respeto a la Constitución sea la regla y no la excepción.
“Que nadie deba sentir miedo por pensar diferente. La ley puede ser un paso importante para esta AN. Ratificamos que haya justicia, paz con memoria, cambio profundo en la institucionalidad del país. Apoyamos la mayoría de estos artículos iniciales. Esperamos que se abra una etapa de respeto a la disidencia”, expresó la diputada al dar pistas sobre el diferimiento de la discusión.
¿Cuáles fueron los cambios al proyecto?
Los cambios con respecto al proyecto de la Ley de Amnistía aprobado en la primera discusión vinieron desde el artículo 1 sobre el objeto de la normativa.
En la nueva redacción se suprimió el texto que decía “todas aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026”. El nuevo artículo quedó redactado de la siguiente forma:
“Esta Ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal que se indican en esta Ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática.
En este punto, el diputado Antonio Ecarri intervino para aplaudir la “valentía” de haberse escuchado a diversos sectores y de incorporar modificaciones al texto original.
“El objeto es ponerle fin al miedo en Venezuela; la convivencia democrática pasa por no tener miedo, ponerle fin a la arbitrariedad y el abuso. Tenemos la valentía del consenso”, expresó.
Pero al extenderse en otras ideas, Jorge Rodríguez lo interrumpió para recordarle que se trataba de la discusión artículo por artículo, por lo que estaba fuera de orden. Ecarri quiso terminar la intervención, pero el jefe del Parlamento le dio las gracias y le silenciaron el micrófono.
Al literal 1 del artículo 2 sobre la finalidad de la ley “Contribuir a promover la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional”, le fue agregada la palabra rectificación. En el literal 3 se incluye la no repetición de los hechos objeto de amnistía o similares y se agregó un cuarto:
“Favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas con esta ley”.
Al artículo 3, que rezaba: “La ley se rige por los principios y valores de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, se le agregaron dos palabras, celeridad y paz. Esta última por petición del diputado Nicolás Maduro Guerra.
Se elimina lista excluyente
En el artículo 5 sobre el principio de interpretación: “En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta Ley, se adoptará aquella que más favorezca el respeto, protección y garantía de los derechos humanos”; se le agregó el principio de “In dubio pro reo” (a favor del acusado), el cual fue un planteamiento hecho por las ONG.
Jorge Rodríguez consultó el significado de la frase y pidió cambiar el latín al castellano “porque le recuerda a los curas”. En consecuencia, la frase fue sustituida por “de conformidad con el artículo 24 de la Constitución”, que señala que, en caso de dudas, “se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
El artículo 6 del proyecto de ley (ámbito temporal) sufrió un cambio importante al ser eliminada una lista de sucesos políticos que tuvieron lugar en el país y que, a juicio del Ejecutivo como proponente del texto, sirvieron de contexto para la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos. Entre ellos, los hechos de abril de 2002, las protestas de 2014 y 2017 y las elecciones presidenciales de 2024.
En este sentido, la redacción del artículo sancionado quedó: “La amnistía prevista en el artículo 1 de esta ley comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas cometidos y acaecidos entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley, en el marco de los derechos amnistiados.
Los desacuerdos
El “consenso” llegó hasta el artículo 7 de la ley sobre el ámbito personal. La nueva redacción establece que la ley abarca a “toda persona que se encuentre o puede ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o que se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley”.
Por el Grupo Parlamentario Libertad intervino el diputado Luis Florido (UNT) para advertir que si no se cambiaba la redacción, salvarían el voto. Recordó que, según el artículo 49 de la Constitución, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que, al ponerse a derecho, tendría que admitir delitos que no cometió, que es el caso de los presos y perseguidos políticos en Venezuela por la parcialidad del sistema judicial. Advirtió que no era cónsono con el objetivo de lograr la convivencia democrática.
Lo secundó el jefe de la bancada, Stalin Gonzalez, quien recordó que si la ley no lleva el compromiso de llegar a un acuerdo, no tendrá resultados positivos.
La diputada Iris Varela, integrante de la comisión especial, instó a que se reconocieran los delitos supuestamente cometidos contra el Estado venezolano, porque con la ley se les está otorgando un “perdón”, algo que rechazan las ONG y defensores de DD. HH.
“Siempre que esté a derecho. No se puede amnistiar a quien no reconoce el delito, no pueden pedir amnistía”, fustigó la exministra de Asuntos Penitenciarios, mientras el diputado Henrique Capriles (Unión y Cambio) hacía gestos de desaprobación.
Otra diputada del Psuv, Carolina García, remató: “Los que están en el exilio no pueden llegar amnistiados”, al argumentar la igualdad ante la ley. El diputado Rubén Limas de la Alianza Democrática pidió aceptar los términos del chavismo para que el artículo fuera aprobado por unanimidad.
El presidente de la AN sostuvo que no era una contradicción declararse perseguidos políticos y a la vez pedir amnistía.
“Es necesario que esté a derecho para resolver sus peticiones. No está permitido el juicio en ausencia. Cuidado, y le estamos abriendo una cuña al extremismo que no quiere bajarle dos al discurso; podríamos negar la posibilidad de que se imponga el Estado de derecho y la convivencia”, dijo.
Acto seguido, la diputada Bracho pidió el diferimiento del artículo, pero Arreaza prefirió suspender la discusión sobre el resto del articulado para evitar discusiones estériles y trabajar por el consenso./efectococuyo