Secretario de Guerra rechaza informes que lo señalan por haber autorizado un segundo golpe contra una supuesta «narcolancha» para eliminar a civiles que sobrevivieron al primer ataque.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en medio de acusaciones de que ordenó un segundo ataque en aguas venezolanas contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico, bombardeo que tuvo el propósito de asesinar a dos tripulantes que sobrevivieron a la primera explosión. Trump afirmó que cree plenamente en la versión de Hegseth y que no habría aprobado un ataque adicional si este hubiera ocurrido.
El respaldo presidencial se da mientras el Congreso comienza a revisar la legalidad de estas operaciones, las cuales suman más de veinte y han asesinado a una cifra superior a los 80 civiles. Han generado preocupación entre legisladores y expertos legales por las violaciones al derecho internacional.
Hegseth rechazó los informes que lo señalan de haber autorizado un segundo golpe contra una embarcación para eliminar a los sobrevivientes del primer ataque, calificando esas versiones de “inventadas, incendiarias y despectivas”.
Trump aseguró que “el primer golpe fue muy letal y estuvo bien” y reiteró su confianza en Hegseth:“Pete dijo que no ordenó la muerte de esas dos personas”.
A pesar del respaldo de la Casa Blanca, legisladores de ambos partidos, encabezados por Mike Rogers y Adam Smith en la Cámara de Representantes y Roger Wicker y Jack Reed en el Senado, anunciaron que realizarán una supervisión rigurosa de los ataques para esclarecer los hechos.
El senador Tim Kaine advirtió que, de comprobarse las acusaciones, “esto podría elevarse al nivel de un crimen de guerra”. Por su parte, el representante Mike Turner señaló que existen “preocupaciones muy serias sobre los ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico y la justificación legal presentada por el Gobierno”.
Trump y Hegseth se encuentran en el centro de un debate que enfrenta la política de seguridad estadounidense con los límites legales internacionales, mientras la atención del Congreso se centra en determinar responsabilidades y transparencia en las operaciones militares en la región.
Las recientes operaciones de EE.UU. en el Caribe constituyen una violación abierta del derecho internacional y se alinean con un patrón de ejecuciones extrajudiciales contra embarcaciones que Washington etiqueta como “lanchas narcotraficantes”, sin proceso legal, sin verificación independiente, sin incautación de la carga (evidencia) y sin respeto por la vida humana.
Lejos de la narrativa estadounidense, la ONU ha reconocido que Venezuela mantiene una de las políticas antidroga más sólidas de la región, con resultados comprobados en decomisos y neutralización de rutas, mientras Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, pretende justificar acciones militares letales bajo el pretexto de combatir un problema cuya raíz está en su propio territorio./Telesur